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El TSJC relega a los Mossos para blindar la seguridad de su sede

El cuerpo catalán se encargaba en exclusiva de custodiar el edificio . La Policía Nacional asume el mando de la vigilancia del palacio de justicia

 

Un policía nacional custodia ayer un acceso del palacio de justicia. - RICARD CUGAT

J. G. ALBALAT
10/10/2017

El presidente del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, acordó ayer retirar a los Mossos d’Esquadra el mando del despliegue de seguridad en el Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona, y decidió transferirlo a la Policía Nacional.

Según la orden dictada por Barrientos, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) debía destacar y desplegar a partir de ayer, dentro del palacio de justicia y en su entorno y perímetro, «los efectivos que se estimen imprescindibles» para su nuevo mandato. Los agentes de este cuerpo trabajarán, eso sí, «en colaboración» con los Mossos allí destacados. Sin embargo, el presidente del TSJC insistió en recalcar que «el mando» del operativo estará en manos de la Policía Nacional.

Esta empezó a cumplir con la orden ayer mismo. Ocho furgonetas del CNP aparcaron por la mañana junto a la fachada posterior del edificio, mientras en una de las puertas laterales seguían vehículos de los Mossos.

«EXTREMAR LA SEGURIDAD» / Según el TSJC, esta medida responde a la decisión de «extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento» ante la posibilidad de que el Parlamento catalán decida hoy, a pesar de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, ejecutar el artículo 4.4 de la ley del referéndum, que prevé la aplicación de los resultados de la consulta unilateral del 1-O y acordar la declaración unilateral de independencia. Esto, según el alto tribunal, «viene a perturbar invariablemente la integridad del TSJC y la independencia de todos los magistrados que lo integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición».

Para justificar su decisión, Barrientos esgrime la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, que dispone que la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otras funciones, deben «vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas que lo requieran» y «velar por la protección y seguridad de altas personalidades». El presidente del TSJC recuerda que esta misma normativa sostiene que las fuerzas de seguridad del Estado han de velar por «el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales».

Además, detalla la orden, dispone que «cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la policía de la comunidad autónoma, serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación».

«El presidente del TSJC entiende que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de forma más eficaz la legalidad constitucional», añade el alto tribunal. La ley establece, recuerda Barrientos, que los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las policías autonómicas «deberán prestarse mutuo auxilio». Desde el 2005, los Mossos se encargaban en exclusiva de la vigilancia del edificio.

MALESTAR EN JUSTICIA / Fuentes de la Consejería de Justicia mostraron su malestar por la decisión del TSJC de retirar la vigilancia del edificio a los Mossos. «Nos hemos enterado cuando ya se había producido», aseguraron fuentes del Ejecutivo catalán, que recordaron que el edificio es de la Generalitat. La seguridad de los edificios judiciales están en manos de los Mossos y de compañías privadas de seguridad.

Algunos jueces y fiscales han mostrado estos días sus reticencias por la «inactividad» de los Mossos durante el 1-O, a la vez que han denunciado las presiones a las que están sometidos, como las concentraciones independentistas ante sus oficinas, como ocurrió en el TSJC antes del referéndum. La policía catalana tenía el encargo de la jueza del TSJC Mercedes Armas, que tramita la querella contra Carles Puigdemont, de impedir la consulta, pero en muchos casos los agentes se limitaron a levantar acta.