Falta un pacto estatal educativo

En el pleno ordinario de mayo en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, los socialistas presentaron ayer una moción, cuyo título ya auguraba, por su parte, ganas de polemizar y hacer una intervención repleta de argumentos demagógicos y populistas. Hablar de veto al valencià en les escoles, en la actualidad y aquí, en la Comunitat, es faltar a la verdad. Que vaya a abordarse en Les Corts una nueva legislación sobre la libertad de los padres a la hora de decidir en qué lengua quieren que estudien sus hijos, a la bancada progresista-socialista, les ha puesto los pelos de punta. Mi opinión es clara: defensa de esa libertad de elección de los padres y una educación trilingüe, con la inclusión del inglés, además de valenciano y el castellano. La postura liberal de Ciudadanos defiende que, plantear una inmersión lingüística en valenciano, no es una visión inclusiva sino todo lo contrario, porque supone dejar al margen a quienes la quisieran en castellano. Y viceversa.

Estamos lejos de alcanzar ese pacto de Estado que realmente piense en el alumnado y sus familias. En 2021, Ciudadanos defendía ese pacto nacional de educación. La Constitución establece en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas autonomías, según sus Estatutos. A pesar de la claridad de este artículo, los partidos separatistas y nacionalistas han ignorado este principio, atacando al castellano. Hasta este momento, en la Comunitat, el modelo de inmersión lingüística ha excluido directa y absolutamente la vehicularidad del castellano, haciendo imposible en la práctica que las familias puedan ver garantizado su derecho a la educación en su lengua materna, principio recogido no sólo en nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales suscritos por España.

Tela de juicio

La Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, que ahora está en tela de juicio, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, fue la herramienta que utilizó el gobierno del Botànic para dilapidar la igualdad en el acceso a las dos lenguas oficiales. La entrada en vigor de esa ley sí supuso un veto, pero al castellano, y supuso la eliminación de cualquier garantía de libre elección para las familias, que tienen el derecho de poder escoger la lengua vehicular en la que desean que estudien sus hijos. Esta inmersión lingüística, disfrazada de normalización, no puede seguir desarrollándose en la Comunitat. Por tanto, mi voto a la moción socialista de Oropesa ha sido en contra.

Alcaldesa de Oropesa