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Vila-real

 

TERCERA SESION DEL JUICIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL

El exsecretario de Vila-real sí ve un presunto delito en las facturas del ‘caso Piaf’

Considera que hubo "perjuicio económico" para el Ayuntamiento, mientras que las defensas critican que no hay "acreditación" de esos supuestos costes, que tildan de "hipotéticos" y "utópicos"

 

Inicio de la tercera sesión del juicio sobre el ‘caso Piaf’ en la Audiencia Provincial de Castellón, ayer, que se extenderá hasta el próximo 28 de enero. - GABRIEL UTIEL

DAVID DONAIRE
13/01/2021

Tras la declaración de los siete acusados, entre ellos la del excalde de Vila-real Juan José Rubert y el exconcejal de Servicios Públicos Ramón Tomás, la tercera sesión del juicio del caso Piaf se centró en empezar a escuchar a la larga lista de testigos que han propuesto las partes, que este martes sobrepasaron la decena y que protagonizaron una jornada maratoniana, que empezó por la mañana y se extendió hasta bien avanzada la tarde.

Entre los primeros testimonios destacó el de una figura clave en todo el conflicto, el que era entonces (entre el 2006 y el 2011) el secretario municipal del Ayuntamiento, Martín Orihuel, quien ratificó la versión que aportó durante la fase de instrucción y remarcó de nuevo que sí ve un presunto delito en los contratos que son objeto de enjuiciamiento, a diferencia del criterio de defensas y fiscal.

Por ello, tal como hizo en su día, «recomendé que se iniciaran acciones legales». El motivo es que considera que hubo «perjuicio económico» para el consistorio y citó como ejemplos los gastos para pagar a los abogados --fruto del recurso que presentó Piaf tras dar de baja de la contabilidad municipal las facturas irregulares de la mercantil-- y, al no haber una licitación y haber una adjudicación directa para algunos trabajos, valoró que también hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento dejó de ganar «una posible baja de adjudicación» a otra compañía.

Cruce de declaraciones

El origen de este supuesto prejuicio económico acaparó buena parte de las réplicas de los letrados de los acusados, que remarcaron que son gastos «hipotéticos» y «utópicos», ya que «no hay ninguna acreditación» que los corrobore, algo que rebatió Orihuela: «Sí que la hay». Y reconoció que esa afección financiera correspondería simplemente a los «gastos procesales».

Y no ha habido un mayor hándicap económico para el Ayuntamiento porque, dijo, «que yo sepa no se han pagado las facturas», las cuales corroboró que carecían del visto bueno del interventor. «Piaf, como otras empresas, ha hecho muchos endosos desde el año 1992 y con el nuevo alcalde tras Rubert --el actual, José Benlloch--. Todos saben que esos documentos tienen que pasar por Intervención. Sin esa fiscalización, las compañías ya se pueden olvidar de cobrar el dinero», apuntó.

¿El edificio de la policía Local está acabado?

Las defensas abordaron también al exsecretario por sí están hechas o no las obras por las que Piaf pretendía cobrar y que oficialmente no están acreditadas. En concreto, le interrogaron por el edificio de la Policía Local. «No me consta que esté acabado», contestó. Ante la incredulidad y la insistencia de los abogados --hicieron especial hincapié en que el edificio ya ha sido inaugurado hace años y está en funcionamiento--, añadió: «A mí me consta que hay un informe del arquitecto municipal en el que dice que los trabajos no se han realizado». Una respuesta que las defensas quisieron puntualizar esgrimiendo que «sí se realizaron las obras, solo que no hay procedimiento administrativo».

Orden de las firmas

Por último, abordado por la abogada de Rubert sobre por qué firmaba un endoso que no contaba con el visto bueno del interventor, el antiguo secretario contestó que «no tenía más obligación que firmar»; y dejó caer que el orden podía variar en ocasiones. «Debido a las prisas que tenían por cobrar los trabajos, venían rápido a recoger las firmas. Primero iban a Secretaría para otorgar poderes y después al alcalde», detalló, y admitió que a veces el documento quedaba a expensas de la rúbrica del interventor.

"Yo no me acuerdo..."

El primer testigo de la sesión en comparecer dejó los momentos más broncos de la jornada. Fue la intervención del entonces concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vila-real, Ignasi Clausell, quien respondió a la mayoría de las preguntas que le formularon, especialmente a las de la acusación, con la frase «yo no recuerdo...», alegando que le abordaban por asuntos «de hace más de 10 años».

Hasta la propia presidenta de la sala, Eloísa Gómez, tuvo que intervenir para ordenarle a «esforzarse más», sobre todo cuando la abogada que representa al consistorio vila-realense (acusación particular) le inquirió sobre las notas de reparo de intervención y Clausell le preguntó en qué consistía ese concepto. «¿Usted ha sido concejal de Hacienda de un Ayuntamiento y no sabe lo que es? Es muy raro que usted no se acuerde de nada, haga el favor de pensar lo que va a responder», le espetó la magistrada.

Clausell defendió que nunca le impidió al interventor que «pudiera emitir informes en contra» de las facturas y expuso que ese informe luego tenía que ser ratificado por la junta de gobierno o el pleno, cuya aprobación o decisión «estará reflejada en alguna acta o documento».

Preguntado por la acusación de por qué no abrieron una investigación cuando vieron que había facturas sin expedientes administrativos, dijo que «no lo recuerdo» y «si tomamos medidas, ahí estarán». «Parece que esté escondiendo algo y que esté haciendo el ridículo, pero me está intentando hacer decir cosas que no son ciertas», reprochó.