Querido lector:
El cierre de RTVV que ayer se explicitó en el agrio pleno de Les Corts con la aprobación con los votos del PP de la ley que determina el fin de la televisión autonómica tras 24 años de historia; la dependencia económica de la Generalitat valenciana del Gobierno central, imposibilitada de acudir al mercado de deuda por ser más caro que los mecanismos establecidos por Hacienda, para financiar sus propias competencias transferidas (Sanidad, Educación y políticas sociales); el rígido objetivo de déficit marcado por Montoro y el consecuente control de los presupuestos autonómicos; los recortes en presupuestos y las iniciativas populares de reducir miembros y actividad de organismos institucionales propios del autogobierno valenciano como la Acadèmia Valenciana de la Llengua o el Consejo de Cultura e incluso la propuesta de reducción del número de diputados de Les Corts Valencianes... conducen inevitablemente al debate sobre la recentralización o la pérdida de autonomía.
Se trata de un debate que han puesto encima de la mesa los partidos de la oposición (PSPV, Compromís y EU) como arma política que blanden contra el PPCV de Alberto Fabra al acusarle de cargarse la autonomía valenciana o supeditarla a Madrid, aunque con el argumento objetivo que le otorgan las medidas adoptadas por el Consell. Unas medidas que el PP justifica con la crisis y con la necesidad de constituir una nueva administración sin sobredimensionamiento y acorde a la realidad económica de menos ingresos, pero que la oposición señala como puramente políticas.
Terciar en este debate ahora mismo es imposible dado el clima de tensión existente en la política valenciana y que se visibilizó ayer expresamente en el parlamento autonómico. No obstante y sin paroxismo, hay que reseñar claramente que la crisis obliga a recortar administración (y el que no lo crea o miente o es un iluso) al tiempo que hay que reconocer que bastantes medidas adoptadas recortan competencias propias que podrían haberse evitado con talante político.
