La rentabilidad de la discapacidad

El sector de los servicios sociales y la discapacidad es un sector que se mueve por los principios de solidaridad, ética, valores y el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen algún tipo de dificultad. Normalmente, uno cae en esto porque te toca de cerca, o porque tienes un sentido acuciante de solidaridad y altruismo que te mueve a trabajar por una sociedad más justa, más equitativa y mejor para todos.

En este sector no tienen lugar las empresas, ya que no hay un objetivo lucrativo, así pues, nos encontramos con asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, todas ellas con objetivos y causas por las que luchar, desgraciadamente más de las que desearíamos, puesto que hay muchas necesidades sin cubrir. Todas estas entidades sin ánimo de lucro bregan en su día a día para conseguir fondos con los que poder alcanzar su causa: investigación, mejorar la calidad de vida de mayores, mujeres, no discriminación, infancia, autismo, inclusión, enfermedades raras, adicciones, etc. Fondos que provienen de actividades propias, aportaciones privadas, donaciones o subvenciones públicas.

España, y concretamente la Comunitat Valenciana, tiene un gran fondo de ayudas y subvenciones para atender la demanda de servicios sociales, menos de lo que nos gustaría a los que queremos acceder a ellos, pero haberlos haylos. En régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a unos baremos equis, las organizaciones presentan proyectos y en función de dichos proyectos y del presupuesto, reciben unos fondos. El problema viene cuando este sector se visualiza como un sector económico apetecible para empresas, cuando lo social se confunde y se monetiza, y entonces empiezan a aparecer nuevas asociaciones y fundaciones, constituidas legalmente, pero que sí tienen ánimo de lucro. Entidades encubiertas que no tienen un fin social, sino que su objetivo es aumentar su capital.

Montar una asociación es algo sencillo, es una fórmula alternativa a la de constituir una empresa. Más fácil, y con menos obligaciones. Y para las grandes empresas, constituir una fundación abre la vía para blanquear dinero, para desgravarse impuestos y para acceder a fondos públicos. No hay un paso en falso en estas entidades, pues lo que no renta de inmediato, sirve para obtener otro tipo de concesiones una vez tienen metida la cabeza.

Legalmente no hay ningún criterio que impida a estas entidades acceder a fondos públicos. No hay nada que diferencie a esa empresa/asociación, de esa asociación que de verdad está trabajando por un bien común. ¿Y cómo hacemos para diferenciarlas? No sé, se me ocurre, tal vez, que estaría bien poder exigirles a esas asociaciones un programa de actividades o acciones destinadas a mejorar ese bien común, ese fin con el que fueron creadas..., algo que no implique un retorno de dinero hacia sus cuentas bancarias, sino que repercuta en ese colectivo, en la sociedad.

Es complicado fiscalizar un sector económico tan jugoso como el de los servicios sociales, bastaría con que las personas fueran íntegras, con valores, y entonces no haría falta, pero sabemos que eso no es así, con lo que habría que intentar poner límites y recordar que con los derechos sociales uno no se lucra.

Es deber de las instituciones vigilar para que la discapacidad no sea una fuente de ingresos para nadie. Y deber de los ciudadanos cuestionarse quién hay detrás de esas instituciones con las que colaboramos.

Las verdaderas asociaciones están compuestas por personas que están 24 horas atendiendo a quien acude a ellas. Las verdaderas asociaciones están generando un cambio de mentalidad en la sociedad. Las verdaderas asociaciones están intentando aliviar la presión que tienen sus usuarios, para poder mejorar su condición de vida. Detrás de estas asociaciones hay personas con nombres y apellidos que se desgastan cada día, que se exponen, que batallan… y que no ganan nada con eso.

Detrás de las otras, ¿quién hay? ¿Alguien podría decir un nombre?

*TeaCast

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