La problemática de las carreras ilegales vuelve a salir a la luz en la provincia de Castellón. Vecinos de las zonas agrícolas y de masets cercanas al polígono industrial Supoi-8 de Almassora denuncian las molestias ocasionadas por esta actividad perseguida por la ley que sobre todo se incrementa los fines de semana. Los altos decibelios de coches y motos de grandes cilindradas o el derrape de las ruedas sobre el asfalto es la banda sonora que se ven obligados a soportar las personas que residen en las cercanías del improvisado circuito.
"Es una verdadera tortura para nosotros tener que soportar los ruidos que provocan estas carreras a altas horas de la madrugada. No hay manera de descansar", lamenta uno de los afectados que vive a pocos metros del polígono, aunque al otro lado del Millars, en el término municipal de Vila-real. Por miedo a posibles represalias de los organizadores de estas carreras prefiere mantenerse en el anonimato, como el resto de personas que han decidido hacer público este malestar.
El grave accidente ocurrido el 25 de septiembre del pasado año en este mismo escenario, en el que un joven de 21 años estuvo a punto de perder la vida tras colisionar la moto que conducía con un turismo, frenó un tanto la organización de estas carreras y mitigó un tanto el problema, que al parecer ha vuelto en las últimas semanas y que afecta a propietarios de viviendas y terrenos situados por la zona del Camí Fondo de Almassora y de las urbanizaciones situadas en el margen del rio Millars, pertenecientes a Vila-real, a menos de un kilómetro del polígono Supoi-8.
Respuesta del ayuntamiento de Almassora
Desde el Ayuntamiento de Almassora transmiten que no les constan denuncias oficiales de vecinos sobre el tema, aunque recalcan que las competencias en la vigilancia de polígonos industriales corresponden a la Guardia Civil. La Policía Local de Almassora ha intervenido en algunas ocasiones como apoyo, aunque la distancia del polígono del núcleo urbano y el tamaño y la disposición del mismo así como las altas cilindradas de los vehículos que compiten hacen muy complicado poder detener e identificar a los participantes en estas carreras ilegales.
El consistorio de Almassora tampoco ve factible construir badenes u otro tipo de obstáculos que sirvan de impedimento a la celebración de estas peligrosas actividades ilícitas o sirvan como elementos disuasorios. Tras el citado accidente del pasado año se estudió esta posibilidad, descartada por el alto coste, en torno a medio millón de euros, que supondría para las arcas municipales.
De todas formas, la alcaldesa de la localidad, Merche Galí, tiene intención de pedir a la Guardia Civil que vuelva a reactivar el sistema que permite rastrear los mensajes de WhatsApp a través de los que se organizan las quedadas para estas carreras ilegales.
Las sanciones
Cabe recordar que la participación en carreras ilegales de vehículos puede ser sancionada con penas de prisión de hasta 24 meses, al ser calificadas como conducción temeraria, así como a la retirada del permiso de conducción por decisión judicial.
No obstante, la pena puede ser mayor de apreciarse peligro hacia la integridad física de las personas y, en este caso, la pena de cárcel puede ampliarse hasta los 5 años, acompañada de una multa de 24 meses y una privación del derecho a conducir de hasta 10 años.
