El fiscal rebaja la petición de pena al clan del macroalijo de Burriana por dilaciones

Ocho años. Este es el tiempo que ha pasado desde que se descubrió un macroalijo de 2.100 kilos de hachís en un barco del puerto de Burriana hasta que se ha celebrado el juicio para sentar en el banquillo a los nueve acusados, dos de ellos guardias civiles, por participar en esta operación de tráfico de drogas. Este factor, el de la tardanza en la instrucción y el señalamiento, ha sido la clave para que el Ministerio Público haya decidido rebajar la petición de pena para los procesados teniendo en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Por tanto, de los cuatro años y medio iniciales que el fiscal solicitaba para los dos agentes de la patrulla fiscal de la compañía de Burriana, que tenían acceso a distintas zonas de las instalaciones por su condición de agentes y que, supuestamente, eran cómplices de los traficantes, se pasa a dos años y 11 meses de prisión. 

En cuanto, al resto de acusados las penas planteadas oscilan ahora en los dos años de cárcel. Seis de ellos reconocieron los hechos y sus defensas mostraron conformidad con las conclusiones finales formuladas por la Fiscalía durante la última sesión del juicio, que ha durado tres días debido al volumen de la causa. Solo los letrados de los dos agentes y del inculpado por presuntamente facilitar los teléfonos móviles al grupo pidieron la libre absolución de sus representados. «Son meras conjeturas, indicios insuficientes para condenar a una persona», aseguró uno de los abogados, al tiempo que otro de ellos insistió en que la duda «sirve solo para absolver» e intentó poner el foco de la posible culpabilidad en otros agentes que no han sido procesados.

Último turno de palabra

Ambos guardias civiles utilizaron su último turno de palabra, antes de que el tribunal levantara el juicio que quedó visto para sentencia, para defender su inocencia y asegurar que nunca colaboraron con este grupo de tráfico de drogas.

Juzgan el macroalijo de hachís del puerto de Burriana tras ocho años

Pruebas incriminatorias

En su exposición final, el fiscal concluyó que los indicios incriminatorios son «contundentes» y lamentó que ambos agentes no aceptaran responder a sus preguntas durante el interrogatorio. En sus argumentos para incriminar a los agentes, el Ministerio Público se basa, especialmente, en el posicionamiento de sus respectivos teléfonos móviles, así como en las llamadas y las imágenes de las cámaras de seguridad de la Cofradía de Pescadores. 

El fiscal plantea una mayor pena para ambos guardia civiles, dentro de todo el clan, porque son ellos los que tienen la obligación de prevenir este tipo de delitos. Además, reduce la solicitud de penas por pertenencia a grupo criminal a solo dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad. 

El fiscal reduce la petición de multa de 12 a tres millones de euros, en caso de los guardias civiles, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 10.000 euros no pagados. Para el resto plantea cuantías sobre los dos millones.

Según el escrito de acusación, los procesados idearon un plan cuyo objetivo era la adquisición del hachís para después distribuirlo a terceros. Los miembros de esta banda tenían funciones diversas. Finalmente, el desembarco de la droga no pudo hacerse como estaba previsto y es que el pesquero en cuestión fue perseguido durante dos horas por otra embarcación, cuyo patrón pretendía comprobar la carga del pesquero, tras sospechar que podía haberle robado pulpos de sus cadufos, cuando lo que realmente llevaba el barco eran 70 fardos de hachís.