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El Periódico Mediterráneo

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los aprovechamientos, uno de los principales problemas

Vila-real avanza en la gestión para acabar con la «sangría» urbanística

El consistorio prevé ajustar a la nueva realidad la modificación del PGOU que se publicó en 2020

Foto archivo desde el campanario de Vila-real. 03-08-2018 - VILA-REAL - FIESTAS DE LA VIRGEN DE GRACIA SUBIDA AL CAMPANARIO - FOTO GABRIEL UTIEL

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el director general de Urbanismo de la Generalitat, Vicent García Nebot, se reunieron esta semana junto al concejal de Territorio y director territorial de la Conselleria de Política Territorial, Emilio M. Obiol, y el coordinador de Urbanismo municipal, Simón García, para abordar cuestiones de importancia para la gestión urbanística de la ciudad.

En particular, con aquello relacionado a la solución a la «sangría» de los aprovechamientos generada por la gestión del PP anterior a 2011, a través de la modificación de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya versión preliminar y estudio ambiental y territorial fue publicado en febrero de 2020. 

«A pesar de haber pagado ya más de 30 millones en sentencias y empastres heredados del Partido Popular, el urbanismo del monopoly y del casino del PP en Vila-real sigue teniendo un riesgo gravísimo para la ciudad. Por eso, la cuestión de los derechos de aprovechamiento generados por la gestión urbanística del PP es, sin duda, una de nuestras principales preocupaciones», señala Benlloch. 

García, García Nebot, Benlloch y Obiol mantuvieron un encuentro para abordar cuestiones de urbanismo municipal. MEDITERRÁNEO

Por este motivo, a finales del 2015 el Ayuntamiento, de mano de una consultora especializada, comenzó a elaborar una modificación del PGOU relativa al cambio del régimen jurídico de gestión en suelo urbano que fue publicada en febrero de 2020 con la apertura del plazo de alegaciones. 

«Se trata de un instrumento muy complejo de cirugía urbanística que nos permitirá coser los aprovechamientos y taponar, así, la sangría del urbanismo del PP en Vila-real», recuerda el alcalde. 

La legalización de viviendas, otro de los asuntos tratados

La reunión con el director general de Urbanismo, Vicent García Nebot, sirvió también para abordar otras cuestiones de interés para la ciudad como las posibilidades de legalización de viviendas que ofrece la nueva normativa de la Generalitat a través del procedimiento de minimización de impacto ambiental. A este instrumento se suma la creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, a la que Vila-real se adhirió en julio


Adaptación del documento

«Pero tenemos que hacer el mejor documento posible y, para ello, debemos tener en cuenta que el escenario, hoy en día, no es el mismo que cuando empezamos a elaborar este documento. Por eso, estamos trabajando para adaptar las propuestas a los nuevos cambios y dificultades planteadas en estos años, además de responder a las alegaciones presentadas, 18, algunas técnicamente aceptables e interesantes para incorporar. Y, para ello, necesitamos también la ayuda de la Generalitat para trabajar, entre todos, por el mejor documento para Vila-real», tal como argumenta el primer edil.

Entre los factores que han dilatado el proceso están el estallido de la pandemia y los efectos del confinamiento y las restricciones en la suspensión de plazos administrativos o en el personal o la necesidad de ajustar el texto al marco del Plan de Acción Territorial de la Generalitat, que podría influir en el proyecto de modificación de plan inhabilitando algunas partes para uso residencial.

El Plan de Movilidad Metropolitano de la Plana o las modificaciones legislativas introducidas con el texto refundido de la LOTUP son otras de las novedades que hacen necesario ajustar el documento. Factores, explican desde el consistorio, a los que se suma el cambio de escenario provocado por el avance de la reindustrialización de la ciudad como, por ejemplo, el clúster agroalimentario del entorno de la estación de trenes.

Otros temas analizados fueron la legalización de viviendas o la adhesión a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. 

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