Vila-real pagará otros 400.000 euros por la ocupación de suelo en el último ejecutivo del PP

Un nuevo mazazo urbanístico elevará la factura por los “empastres del PP” en Vila-real en cerca de 400.000 euros más. La junta de gobierno local ha dado cuenta esta mañana del auto del Juzgado de la Contencioso-Administrativo nº2 de Castelló, fechado el pasado 25 de mayo, por el que se obliga al consistorio a abonar la cantidad de 390.768,10 euros en concepto de intereses por la ocupación, en el 2010, de los terrenos sobre los que se construyó el colegio público José Soriano.

Una resolución que se suma a los 600.000 euros que deberán pagarse por la ocupación de terrenos en la avenida de Francia, notificados la semana pasada. “Un millón de euros prácticamente que vuelve a sacudir las arcas municipales en apenas una semana”, apunta el alcalde, José Benlloch, quien recuerda que, con estas resoluciones, la factura urbanística por “empastres heredados del PP” supera ya los 36 millones de euros en los últimos 10 años.

El historial del expediente por los terrenos del José Soriano -1.326 metros cuadrados en dos parcelas, de 563 y 795 metros cuadrados-, arranca en el año 1996, cuando los propietarios solicitan la expropiación del suelo, calificado en el PGOU de 1981 como zona verde y equipamiento deportivo. Según explican desde el consistorio, tras remitir hasta cuatro escritos al Ayuntamiento sin respuesta, finalmente el 16 de noviembre del 2004, desde Alcaldía se desestima la solicitud, lo que lleva al dueño a presentar una demanda judicial (2005) que el juzgado resuelve a su favor, ordenando al consistorio expropiar los terrenos y pagar el justiprecio; sentencia que el consistorio recurre y vuelve a perder.

Derecho de expropiación

En el año 2007, tras 12 años sin respuesta y varias sentencias a su favor, el propietario reclama su derecho de expropiación y el pago de 1,3 millones de euros por la totalidad de la parcela. En el 2009, todavía sin respuesta, acude al Jurado de Expropiación Forzosa de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, instancia a la que el alcalde en el momento, Juan José Rubert (PP), comunica que ya ha iniciado expediente para la obtención de los terrenos por ocupación directa. Esta operación se sustancia el 21 de diciembre de ese mismo ejercicio, cuando la junta de gobierno local acuerda la ocupación de los 1.326 metros cuadrados, "sin el consentimiento del propietario" y la cesión del suelo necesario a la Generalitat para la construcción del colegio José Soriano. A partir de ese momento, el propietario acude a los tribunales para anular y declarar ilegal la ocupación de sus parcelas.

“Una ocupación directa significa que se ocupó el suelo sin la voluntad del propietario, sin expediente expropiatorio y sin abonar cantidad económica alguna, en lugar de la expropiación que llevaban reclamando desde el año 1996”, explica Benlloch. “Cuando llegamos al gobierno municipal en el 2011, uno de los muchos pleitos que nos encontramos fue este y no tuvimos más remedio que defender la actuación del Ayuntamiento y el interés general, agotando todas las instancias judiciales, incluso llegando a plantear recurso de amparo ante el Constitucional. En todas ellas, los tribunales han considerado ilegal la ocupación del suelo”, recuerda Benlloch. El desenlace de todo este proceso no se produjo hasta el año 2019 cuando, 23 años después de la primera reclamación al consistorio y agotadas ya todas las posibilidades de defensa de a ciudad, se abonó al propietario 1.130.954 euros (170.604 menos de los 1.301.559 euros que reclamaba).

Nueva reclamación

Posteriormente, los dueños entablaron un nuevo pleito con el Ayuntamiento para reclamar el pago de los intereses, que el juez fijó en el 2020 en 390.768 euros. “Debido a la grave situación económica municipal por los más de 60 millones de euros de herencia del PP que llevamos pagados y en plena crisis del covid, agravada después por el impacto de la guerra de Putin, planteamos la posibilidad de pagar los intereses a plazos. El auto que ha pasado hoy por junta de gobierno rechaza esta posibilidad y nos ordena pagar en un plazo de tres meses los mencionados 390.768 euros de intereses. De esta manera, en total, el empastre y las ilegalidades del PP en este caso nos han costado 1.521.722,88 euros por terrenos ocupados ilegalmente, no expropiados y no pagados cuando tocaba, desde 1996”.

Benlloch insiste en que este "es un ejemplo más de la ruina que ha supuesto la herencia del PP para Vila-real y que, sumados a los 600.000 euros de la avenida de Francia, tendremos que ver ahora entre todos y todas cómo pagar”.