El Supremo confirma 8 años y medio de inhabilitación al exalcalde de Vila-real Juanjo Rubert por prevaricación

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Vila-real, Juan José Rubert, por «delito continuado de prevaricación administrativa, en comisión por omisión, por la adjudicación de dos obras sin seguir procedimiento alguno de contratación y licitación pública, y con troceamiento de facturas para no superar los 30.000 euros».

Unas acciones que beneficiaron en su momento a la mercantil Piaf, a la que se le encargaron los trabajos objeto de la sentencia.

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Así se señala en la nota informativa que ayer remitió el Alto Tribunal, en la que también se informa de que el fallo mantiene, además, los siete años de inhabilitación especial para ejercer cargo público al que fuera concejal de Servicios Públicos y mano derecha de Rubert, Ramón Tomás, por un delito de prevaricación administrativa.

Con todo, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, han decidido absolver al tercer condenado en la misma causa por la Audiencia Provincial de Castellón, el empresario Antonio Pons, al que se consideró cooperador necesario de la prevaricación.

Una decisión que los jueces fundamentan en «la absoluta falta de mención en los hechos probados de cuál fue su grado de participación en los hechos como representante de la empresa».

Respecto al exalcalde Rubert, se rechaza su recurso y se destaca que «su función era la de garante, por lo que tenía obligación de actuar y no lo hizo cuando sabía lo que estaba pasando, troceándose facturas para no ir a la licitación pública de contratos y adjudicándolos directamente a la misma empresa», se señala en la nota.

"Absoluto respeto a las decisiones judiciales"

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien fue conocedor de la sentencia a través de los medios de comunicación --como también ocurrió con el exedil Tomás, a quien Mediterráneo informó de la misma--, incide en el «absoluto respeto a las decisiones judiciales, como siempre hemos demostrado, tanto cuando se comparten como cuando no».

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Y añade Benlloch que el fallo del Supremo «confirma una forma de gobernar en Vila-real que generó y sigue generando mucho daño a la ciudad. Desde el 2011, cuando se produjo el cambio de gobierno, hemos trabajado para cambiar las cosas y, hoy, aquella forma de gobernar ya es historia».

El munícipe incide en que "los efectos de los últimos cinco años de gobierno del PP y una forma malentendida del uso del Ayuntamiento contra los intereses generales seguirán impactando en nuestro presente y futuro».