Ultimátum del TSJ a Vila-real para pagar ya una sentencia de la ronda

Un mes es el plazo que definitivamente ha dado al Ayuntamiento de Vila-real la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se complete el pago de los 192.878,17 euros que estableció este tribunal como compensación, a su propietario, por la expropiación de una parcela de 27.423 m² necesaria para la construcción de la ronda suroeste.

El ultimátum judicial obliga al ejecutivo local y a los técnicos municipales a explorar las diferentes posibilidades existentes para afrontar este pago en el plazo exigido por los magistrados. En este sentido, destaca que la sentencia en cuestión es una de las que se pretendía abonar con la contratación de un préstamo, por importe de 1,3 millones, que la oposición tumbó en el pleno convocado a principios de noviembre.

A preguntas de Mediterráneo, el alcalde, José Benlloch, explica que la cantidad final que tiene que buscar el Ayuntamiento es de 109.005,65 euros, por cuanto en julio del 2011 --un mes después de acceder Benlloch a la alcaldía-- se pagaron al dueño de estos terrenos 39.035,13 euros. Una cantidad a la que en diciembre del 2013 se añadieron otros 44.837,39 en un depósito ante Hacienda.

De esta manera, desde el consistorio se garantizó el pago del total de indemnización que estableció el Jurado Provincial de Expropiación en el 2017 y que ascendía a 83.872,52 euros. Una decisión que la propiedad recurrió ante los tribunales y que, finalmente, se fijó en los 192.978,17 euros de los que debe completarse el pago.

Diferencia abismal

Una cifra final, la establecida por el TSJCV, que dista mucho de la reclamada por el dueño de los 27.423 m² expropiados para cometer la ronda suroeste de Vila-real y que ascendía a algo más de 1,5 millones.

El alcalde de Vila-real justifica ante el juez la demora en el pago de una sentencia urbanística

Es por ello que el alcalde Benlloch hace hincapié en que «nuestra obligación es defender hasta el último céntimo de las arcas municipales, y este es un ejemplo claro de que, en determinados casos, no se puede plantear una negociación con los dueños afectados, que tienen todo su derecho a defender sus intereses, porque las diferencias de valoración son prácticamente insalvables» Al respecto, el munícipe explica que «negociar un acuerdo cuando el dueño quiere 1,5 millones y nosotros consideramos que el precio es de 83.872 euros coincidiendo, además, con la propuesta del Jurado de Expropiación hubiera sido contraproducente para la ciudad, por lo que es necesario defender nuestra postura en los tribunales». Y recuerda que «cualquier acuerdo tiene que estar avalado por los técnicos».  

Buscar soluciones

El requerimiento judicial obliga al ejecutivo que lidera Benlloch a buscar los recursos económicos que se requieren para pagar los algo más de 100.000 euros que restan para completar la indemnización establecida por la justicia en este caso.

Entre las posible salidas, aunque queda poco margen de tiempo antes de acabar el año, está la posibilidad de aprobar una modificación de crédito urgente, a la que tendría que dársele el visto o bueno en un pleno extraordinario de la corporación municipal.