El alcalde de Vila-real plantea llevar a Fiscalía el ‘agujero’ de la última etapa del PP

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vila-real estudiarán si se puede cuantificar el coste para las arcas municipales de diferentes decisiones que, en materia urbanística, se tomaron en la última etapa de gobierno del PP, entre los años 2007 y 2011, y si algunas de ellas se efectuaron de manera irregular o sin la documentación preceptiva, en especial, en lo relacionado a la ocupación de parcelas para llevar a cabo destacada intervenciones, básicamente, en los dos últimos años del ejecutivo liderado por Juan José Rubert, como la creación de los jardines de Jaume I y del Botànic Calduch o la apertura de la avenida França.

Preguntado por Mediterráneo al respecto, el alcalde de Vila-real confirma que de confirmarse que la gestión realizada básicamente entre los ejercicios 2007 y 2011 causó un daño económico al Ayuntamiento, «remitiremos toda la documentación a la Fiscalía, para que inicie una investigación para depurar las responsabilidades de quienes gestionaban el consistorio en aquel momento».

Procesos judiciales

En este sentido, el munícipe vila-realense incide en que el resultado final del proceso judicial que se sigue por la ocupación directa en el 2010 de la parcela en la que se habilitó el jardín Botànic Calduch, que podría suponer un riesgo de más de cinco millones de euros (incluidos los intereses a abonar) para las arcas municipales, condicionará la decisión final de llevar los expedientes que sean «dudosos» ante la Fiscalía.

Benlloch considera que en los últimos años del ejecutivo popular del exalcalde Rubert se llevaron a cabo ocupaciones directas «que los tribunales ya han sentenciado como ilegales y que, desde que asumí la alcaldía hemos ido arreglando de la mejor manera».

Convenios

Y es que a esas ocupaciones directas de parcelas para ejecutar proyectos urbanísticos se suman también «convenios bomba», como los califica el munícipe, como el que se firmó con las monjas dominicas antes de que estas abandonaran su convento de Vila-real para que su propiedad pasara a ser municipal a excepción de la capilla del Cristo del Hospital, que quedó en manos del Obispado).

Como apunta Benlloch, el convenio se aprobó en pleno el 13 de mayo del 2011, pocos días antes de las elecciones municipales, «sin pasar por el departamento de Intervención y que suponía un riesgo de 7, 7 millones de euros, que nosotros logramos rebajar a 4,3 millones llegando a un acuerdo con la comunidad religiosa en el año 2018». «Y a ello se añade el Monopoly del urbanismo a coste cero del PP, con programas de actuación, de los que hemos tenido que caducar nueve», asevera. 

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