Castelló en Moviment trasladará al equipo de gobierno municipal un protocolo de actuación contra los desahucios que será consensuado previamente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El concejal y activista de este colectivo social, Iñaki Vallejo, se reunió el pasado martes con miembros de la asociación para sentar las bases del documento marco, que estará listo dentro de dos semanas para su traslación al Ayuntamiento.

Vallejo explicó ayer que el protocolo se articulará en dos fases. En primer lugar se creará una mesa de negociación con las entidades bancarias que no tendrá vinculación con el consistorio. En segundo lugar, se constituirá una comisión municipal que intervendrá posteriormente en todos aquellos casos en los que no haya sido posible frenar los lanzamientos hipotecarios. “Esa comisión, de la que sí formarán parte representantes municipales, se encargará de buscar una alternativa habitacional, bien con una bolsa de viviendas vacías de bancos o a través de las viviendas sociales del Ayuntamiento u otra opción alternativa para que nadie se quede en la calle”, enumeró Iñaki Vallejo.

El protocolo contra los desahucios, según insistió el concejal de Castelló en Moviment, involucrará también al Colegio Oficial de Abogados, al colectivo de procuradores y a las organizaciones de consumidores y usuarios.

OFICINA MUNICIPAL // La concejala de Vivienda, Ali Brancal, aseguró que ya trabaja en la creación de la oficina municipal que orientará sobre desahucios, gestionará la bolsa de pisos sociales, las ayudas al alquiler o la rehabilitación de viviendas. “Crearemos un grupo municipal de trabajo donde estén representadas todas las concejalías relacionadas en la problemática sobre vivienda, como son Servicios Sociales, Vivienda, Hacienda y Patrimonio y los técnicos de las áreas implicadas como Control Urbanístico, Ingeniería, Servicios Jurídicos, Agencia de Desarrollo Local o Patrimonio”, añadió la edila de Compromís.

El servicio municipal de mediación hipotecaria de Castellón asesoró en 615 casos entre septiembre del 2012 y julio del 2014. Al margen de esa acción, el anterior equipo de gobierno del PP no priorizó la lucha contra los desahucios. El acuerdo plenario de más enjundia se dio el pasado marzo, a instancias del PSPV-PSOE, para promover un convenio de cesión de viviendas vacías del banco malo (Sareb) al Ayuntamiento para destinarlas a alquiler social de familias desahuciadas. Aquel acuerdo no se tradujo en ninguna acción. H