Piden prisión para un veterinario de Castellón por falsificar certificaciones en un matadero

Un veterinario se enfrentará es lunes, 3 de julio, a un juicio en la Audiencia Provincial de Castellón acusado de un delito de falsedad en documento oficial por haber avalado oficialmente la calidad de la carne en un matadero de una empresa de Benassal sin haber llevado a cabo dicha tarea.

En el escrito de acusación provisional, el Ministerio Público recoge que el procesado, sin poder precisar fecha exacta pero cuanto menos con anterioridad al 31 de enero del 2020, desempeñaba su trabajo como funcionario interino adscrito al Centro de Salud Pública de Castelló, que aglutina al departamento de salud de Castellón y al de la Plana, en calidad de veterinario oficial, responsable de realizar los controles oficiales ante mortem y post mortem en los mataderos de la provincia. 

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Por tanto, su función le obligaba a estar presente con carácter previo al sacrificio de ganado, así como durante y con posterioridad al mismo con la finalidad de garantizar que la carne del animal sacrificado era apta para el consumo humano. 

En este contexto, el acusado en fecha 31 de enero del 2020, según la acusación de la Fiscalía «no acudió a las 6:00 horas al matadero de lagomorfos de una empresa de Benassal, donde se inició con carácter previo el sacrificio de conejos sin estar presente, si bien dejó firmado el parte diario de inspección, en donde de forma mendaz hacía constar que el citado día había estado desde las 6:00 horas hasta las 12:00 horas, siendo descubierto al comparecer a las 5:30 horas de la fecha citada, los técnicos constataron su ausencia».

Falsedad documental

El Ministerio Público considera en su escrito provisional de calificación que los hechos relatados revisten los caracteres de un delito de falsedad en documento oficial del cual es responsable el acusado en concepto de autor. 

De ahí que se solicite al tribunal imponer al acusado la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por tiempo de cinco años y la pena de multa de diez meses con una cuota diaria de 15 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

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