Mientras los citricultores digieren el agridulce resultado de la última reunión mantenida con la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, en la que las agrupaciones agrícolas no lograron dos de sus principales exigencias respecto de la problemática del cotonet: conceder ayudas directas a los afectados y recuperar el uso del insecticida con metil-clorpirifos, el equipo de gobierno de la Diputación de Castellón, formado por PSPV y Compromís, ha anunciado su intención de llevar al próximo pleno provincial una moción para pedir a la Generaltiat más apoyo para el sector, y a España y Europa el establecimiento de más controles fitosanitarios para evitar la expansión de la plaga.
Identificado el origen de la llegada del cotonet a tierras valencianas, el equipo que preside José Martí insiste en la necesidad de «aplicar las mismas exigencias que a los productos de los países de la UE» a aquellos que proceden de terceros, y para ello, emplazan al Gobierno estatal a mediar frente a Europa. La moción planteada por PSPV y Compromís también propone pedir a la Generalitat que «incremente la inversión para la lucha biológica y biotécnica», una vía sobre la que la Conselleria ya está trabajando. Como avanzó ayer Mediterráneo, Mollà anunció la compra extraordinaria del parásito criptolemus y el adelanto en la fabricación de trampas. Medidas para las que, según dijo, contará con la cofinanciación del Ministerio.
Más ayudas, que Mollà niega
Diputación pedirá más ayudas para la citricultura, pese a que Mireia Mollà ya avanzó que no habrá aportaciones urgentes.
El PSPV de Onda también pidió ayer ayudas por el cotonet pero al gobierno local del PP, «igual que se ha hecho con los perjudicados por el covid», precisaron.
El diputado Miguel Barrachina (PP) acusa al Consell por su «incapacidad para arbitrar tratamientos alternativos»
El Partido Popular ha ido más allá en las reivindicaciones para autorizar tratamientos efectivos contra la plaga y ha responsabilizado a la Generalitat de la situación por la que atraviesan muchas explotaciones. Tanto es así que Miguel Barrachina, diputado en les Corts, ha exigido a la Conselleria que «indemnice a los agricultores arruinados por dos decisiones políticas». Por un lado la del Gobierno de España de «no solicitar el tratamiento como hizo Italia y por otra parte, por la incapacidad del gobierno valenciano para arbitrar tratamientos alternativos». Estas compensaciones serían para fincas afectadas en un 20% por la plaga.
