Se anunció a partir de septiembre y será, a priori, en octubre cuando la Conselleria de Sanitat tiene previsto completar la distribución de las cerca de 1.000 nuevas plazas estructurales que se sumarán a las 5.000 ya creadas antes del verano, aunque cerca de un 10% no se han podido cubrir por falta de candidatos. Y es que la escasez de médicos y enfermeras imposibilita ocupar determinadas vacantes, especialmente, en las zonas de difícil cobertura que, en el caso de la provincia de Castellón, afecta especialmente al departamento de salud de Vinaròs.
De estas nuevas plazas, atendiendo a criterios poblacionales, a la provincia de Castellón le corresponderían unas 120, aunque la Conselleria de Sanitat todavía no ha detallado ni el número ni el destino de las mismas. Cada uno de los departamentos ya ha comunicado al departamento de Miguel Mínguez sus necesidades, aunque, sin duda, tras el enfado que provocó la primera distribución en el área de salud de Castellón, especialmente, en el Hospital General, todo hace indicar que parte de estos refuerzos irán al centro hospitalario de referencia de las comarcas castellonenses.
Por contra, según fuentes sindicales, la primera asignación de recursos, como ya informó Mediterráneo, se ajustó más a las necesidades planteadas por el Hospital de la Plana y el Comarcal de Vinaròs, aunque siempre han insistido en que falta más personal para prestar una asistencia sanitaria de mayor calidad.
Necesidades asistenciales
En cuanto a las necesidades asistenciales, el hecho de que el hospital de Vinaròs se haya quedado sin neurólogos, como denunció el Colegio de Médicos de Castellón, es un claro ejemplo del déficit de médicos especialistas en la zona norte de Castellón. La falta de facultativos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) también provocó importante problemas, teniendo que desplazarse doctores de otros departamentos, sobre todo, del de Castellón para cubrir los turnos de guardia.
También hay gran escasez de médicos de familia para reforzar los centros de salud. De ahí la intención de Sanitat de aprobar un decreto para garantizar la ocupación de estos puestos de difícil cobertura a través del pago extra de 5.000 euros anuales, así como mejoras profesionales a la hora de puntuar en procesos selectivos. Además, se plantea el traslado voluntario de profesionales, eliminando la obligatoriedad después del malestar que esto suscitó.
