PLENO

La Diputación cede a la Generalitat los terrenos que rodean al aeropuerto de Castellón

Explican que la medida se toma con la intención de favorecer el desarrollo de la instalación

Vista aérea del aeropuerto de Castellón.

Vista aérea del aeropuerto de Castellón. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado con los votos favorables del equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís y la abstención de Ciudadanos la propuesta del equipo de gobierno de ceder a la Generalitat Valenciana 540 hectáreas de terrenos que están alrededor del aeropuerto de Castellón. A partir de la medida los terrenos quedarán adcsritos a la entidad Aerocas, la empresa pública de la Generalitat que gestiona las instalaciones.

Es una mutación demanial que se adopta tras la pertinente solicitud de la Generalitat valenciana, que se adopta para favorecer el proceso de crecimiento y desarrollo del aeropuerto y, por extensión, del sector turístico provincial. Una operación, que según ha explicado el presidente José Martí, cuenta con todos los informes preceptivos favorables de intervención, patrimonio y secretaría de la propia Diputación.

No se pueden embargar ni vender

El presidente añade que estos terrenos «no son un bien patrimonial, y por lo tanto no se pueden embargar, vender o enajenar, de la misma manera que no se pueden vender una playa o una carretera». En consecuencia, «lo que se puede hacer es recurrir a la figura de la mutación demanial, una administración puede pasar la titularidad a otra, en este caso, a quien hoy tiene las competencias y la gestión del aeropuerto».

Según explica, «el aeropuerto de Castellón está teniendo un desarrollo importante al que nosotros queremos contribuir desde la colaboración entre administraciones». El objetivo es que «se desarrolle más y mejor».

Posibilidad de reversión

El presidente señala que en el caso de que los terrenos no se utilizaran para el objetivo de desarrollar el aeropuerto la titularidad podría revertir a la propia Diputación.

Con el acuerdo plenario culmina un largo proceso administrativo que no ha estado exento de dificultades. De hecho, Martí recuerda que en su día el Partido Popular planteó la venta de estos terrenos y no pudo llevarse a cabo al emitirse informes técnicos negativos y no haber transcurrido los años legalmente establecidos desde la expropiación de los terrenos. Según explica, «estas cosas hay que hacerlas muy bien porque se si de hacen de forma incorrecta las personas que en su día fueron expropiadas también podrían solicitar la reversión».