Los ayuntamientos de Castellón ingresan por el IBI más del doble que en el 'boom' del ladrillo

Al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se le considera el salvavidas de los ayuntamientos. Este tributo, que popularmente se conoce con el nombre de contribución,  sustenta la mayor parte de los ingresos municipales y en el último año los consistorios de Castellón han vuelto a hacer caja con el. En 2022 solo en concepto de IBI urbano recaudaron más de 224 millones de euros, casi un millón más que el año anterior, y el doble que la cantidad registrada en los años previos a la crisis del ladrillo. Y eso que alcaldes de todos los colores políticos no dejan de llenarse la boca con anuncios de rebajas y más rebajas de una figura impositiva que grava la mera propiedad de una vivienda, un local comercial, un solar o un garaje.

Las 135 localidades de la provincia ingresaron el año pasado 224,5 millones de euros gracias al IBI urbano. Si a esca cifra se añaden los 5,9 millones relativos al IBI rústico y los 10,7 millones del impuesto sobre los bienes inmuebles de características especiales (BICE), la recaudación total superó los 241 millones, según estadísticas que acaba de hacer públicas la Dirección General del Catastro, un organismo que depende del Ministerio de Hacienda.

Carrasco bajará el tipo de gravamen del IBI en Castelló hasta niveles del año 2000

Esos 241 millones duplican la cantidad de dinero que recaudaron los consistorios en el 2006, primer ejercicio del que el Catastro tiene registros y en pleno boom inmobiliario. Ese año, los ayuntamientos de la provincia obtuvieron gracias al IBI 116,8 millones de euros.

Pero, ¿cómo se explica que los municipios cada vez hagan más caja con la contribución y, al mismo tiempo, los alcaldes anuncian y aprueban rebajas impositivas? La clave está en el valor catastral de los inmuebles, que en Castellón no ha dejado de subir. 

48.000 euros de valor catastral

El valor catastral es el índice que utilizan las administraciones públicas para fijar la cuota de impuestos como el IBI tomando como referencia criterios como su localización o el coste de ejecución. En la provincia, y siempre según el Catastro, el valor medio de cada inmueble es de 48.679 euros (siempre está por debajo del nivel del mercado), una cifra muy inferior a los 114.756 euros de Madrid o los 82. 932 de Baleares. En cambio, en Cáceres, Zamora, Lugo y Ourense la cantidad media es inferior a 30.000 euros. Esos casi 47.000 euros con los que la administración tasa cada inmueble de la provincia suponen 10.000 más que en el 2006, cuando el valor catastral medio era de 38.019. 

Sobre el valor catastral se aplica el tipo de impuesto que puede ir desde el mínimo que está establecido en el 0,4% hasta el máximo, del 1,1%, siempre en el caso de los bienes inmuebles urbanos. Y eso explica el margen que tienen los ayuntamientos para aplicar un tipo de gravamen u otro, así como las diferentes exenciones y bonificaciones aplicadas.

En Castelló, por ejemplo, el tipo de gravamen que se aplica desde el 2019 es del 0,69% (en el 2012 llegó a estar en el 0,87) y la recientemente elegida alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, ya ha manifestado que una de sus grandes prioridades será reducirlo al 0,62%. La munícipe pretende activar la elaboración de las ordenanzas fiscales que permitan bajar impuestos «empezando por la reducción del IBI para disminuir el recibo hasta el 10% por inmueble» lo que, según sus cálculos, supondría un ahorro para 100.000 propietarios. 

Vila-real, en cambio, subió un 5% el impuesto en el 2022 aunque este año lo ha congelado. Además, el ayuntamiento ha decidido seguir aplicando bonificaciones al comercio y la hostelería durante todo ese año y bonificará con un 25% la instalación de placas solares con el objetivo de impulsar el autoconsumo energético. 

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