La decisión de ubicar la planta de la zona I en Les Argiles provocó la ira del entonces alcalde electo de Cervera, Antoni Lluch.
El pleno de adjudicación se hizo en pleno proceso de cambio en diversos consistorios de la zona, entre los que se encontraba la población afectada.
Nada más tomar posesión del cargo, Lluch anunció que desde el consistorio no se iban a conceder las licencias de obras y actividad de la planta, lo que equivale a la paralización de un proceso que ya arrastraba un retraso considerable. La postura del alcalde fue apoyada por su partido, el PSOE, que, por su parte, presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del consorcio. El punto más alto de la crispación llegó en una reunión entre políticos, empresa adjudicataria y ciudadanas, que llevó al diputado provincial de Medio Ambiente, Vicent Aparici, a comprometerse a buscar otra ubicación.
