Los conductores que han sido multados con 200 euros por el Ayuntamiento de Castelló al circular por las calles del centro sin autorización y después de que las matrículas de sus vehículos fueran captadas por las cámaras de videovigilancia ya pueden solicitar la devolución de esta sanción a través del registro municipal.
Así lo confirmaron ayer fuentes oficiales a este periódico, quienes concretaron que los interesados pueden acudir, de forma presencial, hasta el Palau de la Festa o las diferentes tenencias de alcaldía abiertas al público. Una vez allí tendrán que rellenar un formulario explicando que requieren que se les retornen los 200 euros abonados en base al acuerdo que tomó la junta de gobierno local el pasado jueves de retirar las multas impuestas por este sistema, así como de apagar las cámaras hasta el próximo 1 de octubre.
Devolución "garantizada"
Mientras, el consistorio perfila en estos momentos cómo articular todo el mecanismo administrativo para la devolución «garantizada» de esta cantidad económica, dijeron las mismas fuentes municipales.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Castelló se centra también en definir las campañas informativas que llevará a cabo entre los residentes de las calles limitadas por las cámaras que, si bien no servirán para multar, sí que seguirán en funcionamiento para alertar a los conductores sin permiso que circulen por esta zona que no deben hacerlo.
Multitud de multas
La instalación de este sistema ha motivado numerosas multas y malestar entre los castellonenses. Esto ha obligado a recular, con informes jurídicos y de la secretaría municipal a favor, al Ayuntamiento de Castelló en su intención de que sigan activadas dichas cámaras.
Los vecinos piden eliminar las cámaras "para siempre"
Las tres entidades vecinales de Castelló (Coasveca, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y la Federació d’Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris) reivindicaron ayer ante el Ayuntamiento de la capital de la Plana que apague las cámaras «para siempre y no solamente hasta el mes de octubre tal y como ha anunciado el consistorio de la Plana. Desde la junta de Coasveca, pese a celebrar la medida adoptada en relación con la suspensión de la videovigilancia, confiaron en que dicha opción se mantenga, y no solamente a corto o medio plazo, y que se realice con consenso. «El consistorio tiene que proporcionar una solución válida para los comerciantes del centro con el fin de no matarlo», afirmaron desde Coasveca. Por su parte, Vicky Amores, de la Federación Provincial, afirmó creer que este apagado «es pan para hoy y hambre para mañana». «Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es apoyar al comercio y retirar las cámaras de forma definitiva porque con esta medida no se refuerza al sector comercial de la ciudad», afirmó Amores.
Por su parte, Amalio Palacios, representante de la Federació d’Associacions Ciutadanes, destacó que esta medida tiene «un afán recaudatorio y que perjudica a los vecinos y a los comerciantes». «El consistorio tiene la obligación de llegar a un acuerdo sobre estas cámaras, que se tienen que desconectar para siempre porque solamente han traído conflictos», finalizó.
