Eltitular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Castellón levantó ayer la medida cautelar adoptada por otra magistrada que suspendía la entrega de los libros con temática LGTBI y acordaba su retirada, por lo que las publicaciones podrán volver a estar a disposición del alumnado en las bibliotecas de los once institutos y el centro Pi Gros hasta que se resuelva el contencioso-administrativo o la Justicia acepte el recurso a esta decisión que presentará Abogados Cristianos.
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Según fuentes jurídicas, tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Castelló y el Ministerio Fiscal (que también se oponía a su distribución), el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada «tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana». Así, tal y como recoge la resolución, «no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal», así como tampoco «de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos».
«No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (...). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares», concreta el auto, que condena a la asociación católica a pagar las costas de este proceso y que ascienden a 150 euros.
Por su parte, la concejala de Feminismos y LGTBI, Verònica Ruiz, aseguró ayer que hoy mismo analizará con los servicios jurídicos municipales las implicaciones de este dictamen del juez y celebró el alzamiento de la medida cautelar por parte del magistrado. «Es un acto de justicia social a favor de la comunidad LGTBI y sus derechos, por lo que gana la democracia y se cumple con las leyes que defienden la igualdad y la diversidad», comentó la edila al conocer la decisión judicial.
La alcaldesa de Castelló aborda la polémica de los libros de temática LGTBi
Petición de cese de Ruiz
En este sentido, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, aseguró que «la resolución incurre en varios errores cuando dice, por ejemplo, que las bibliotecas de los institutos son de titularidad municipal». Afirmó además que «el juez en este auto desoye el informe del Ministerio Fiscal, que apoya la medida cautelarísima». Y destacó: «se trata de un ataque contra la religión, la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y contra el interés del menor instruyéndoles en pornografía, prostitución y sexo con drogas».
Por este motivo, la entidad ha lanzado una campaña para pedir a la alcaldesa que cese a la concejala por «promover contenidos pornográficos a niños de 12 años violando una orden judicial».
críticas de los estudiantes.
Reacciones
Desde el Sindicat d’Estudiants califican la medida de la retirada de los libros, ahora revocada por el juez, de «ultrarreaccionaria digna de los tribunales franquistas». «Es evidente que el interés principal de la jueza (la que optó por dictar las medidas cautelarísimas la semana pasada) junto a esta asociación reaccionaria es defender a capa y espada su libertad para seguir oprimiendo y pisoteando a las mujeres y personas LGTBI».
La portavoz del grupo municipal del PP en Castelló, Begoña Carrasco, afirmó ayer que «no nos parece bien que para defender unos derechos se tengan que vulnerar otros». «Nos basamos en el respeto, la tolerancia y la libertad», dijo.