Nuevo jarro de agua fría para los municipios que comparten el parque natural de la Serra d’Irta (Peñíscola, Alcalà-Alcossebre y Santa Magdalena). Ayer, durante la reunión convocada por la junta rectora, la dirección del espacio protegido informó a los representantes municipales que carece de recursos económicos y humanos para hacerse cargo del optimo mantenimiento del parque y dejó en manos de los ayuntamientos la limpieza del mismo.
Si bien, en principio, el encuentro tenía como objetivo abordar la problemática surgida por las directrices a seguir para controlar los accesos a la sierra, la denuncia planteada por el concejal de Medio Ambiente de Peñíscola, Miguel Castell, respecto al vertedero incontrolado detectado en una zona del parque que forma parte del término de la ciudad amurallada, cobró especial protagonismo en el orden del día.
De hecho, Castell recordó que una de las finalidades y objetivos que se enmarcan en el plan rector del parque natural, recoge, en su artículo 2, «resolver el problema de los residuos urbanos y el de los vertidos de aguas residuales generados por los núcleos residenciales y las viviendas dispersas», constatando así que es responsabilidad de la gestora del espacio su óptimo mantenimiento.
A pesar de que desde el consistorio peñiscolano, según avanzó Castell, barajan la posibilidad de acometer la limpieza del vertedero incontrolado, aunque no les compete, también instó a la Conselleria, «a que tome cartas en el asunto y dote de más medios».
Al cierre de esta edición, la Administración autonómica no se había pronunciado al respecto.
Las restricciones de acceso, aún sin consenso
La cuestión de la restricción de accesos al parque natural de la Serra d’Irta se ha convertido en un escollo insalvable en las reuniones de la junta rectora. La falta de consenso sobre qué administración debe asumir el dispendio que generará los controles es evidente. Así, aunque existe unanimidad en cuanto a la necesidad de llevar a cabo acciones que limiten el flujo de vehículos para mantener el entorno natural lejos de la saturación, no hay acuerdo en cuanto a quién debe costear las medidas. Al respecto, la Generalitat propone habilitar una línea de microbuses, pero carga en los consistorios el gasto que genere el servicio. Tampoco hay consenso en la exigencia de los municipios de garantizar el paso a los vecinos de los pueblos que comparten el parque.
