La carta viral de un pequeño negocio de Els Ports contra la despoblación: "Algo no estamos haciendo bien..."

La resolución de una licitación en la comarca de Els Ports abre el debate sobre si la actual Ley de Contratos del Sector Público debería dejar introducir en los pliegos de los contratos más cláusulas para favorecer a las pequeñas empresas del territorio en aras de luchar contra la despoblación. O directamente cambiar la legislación para priorizar a estas compañías que se desenvuelven en un entorno rural.

El caso que ha sacado a la palestra este tema es muy gráfico. La Mancomunitat dels Ports, una entidad supramunicipal que agrupa a varios pueblos de la comarca, sacó una licitación para comprar y renovar el mobiliario de oficina de los ayuntamientos que la integran. Dos empresas (Muebles Mafeca, de Vilafranca, y otra compañía de Madrid) empataron a puntos en la fase de baremación de las pujas y el criterio de desempate para decidir quién era la adjudicataria es el que ha levantado polvareda, sobre todo en la parte afectada, la compañía vilafranquina, que no se ha llevado el contrato.

Una carta escrita por el gerente de esta empresa, David Roig, se ha hecho viral en redes y ha dado a conocer este episodio. «Me comunicaron que para desempatar, se basarían en el número de trabajadores que tenía cada empresa, de modo que este pequeño negocio, que hace más de 40 años que está en la comarca, para lo bueno y para lo malo, y que hubiera podido irse fuera y tener más trabajadores o incluso arruinarse, puede competir en muchas cosas con una gran empresa de Madrid, pero por desgracia no en el número de empleados», hace hincapié el empresario en esa misiva.

Roig considera que, como vecino esta comarca que está en peligro de despoblación, «no se puede comprender cómo los representantes políticos hayan decidido que, en igualdad de condiciones, era mejor que una gran empresa de Madrid abastezca de mobiliario a todos los pueblos que forman parte de la Mancomunitat, en vez de un pequeño negocio que años trabajando en la zona».

Respuesta de la Mancomunitat

Aunque evidentemente no obró mal y lo único que hizo esta asociación comarcal es ceñirse a la ley, el presidente de la Mancomunitat, Blai Peñarroya, compartió un comunicado por redes sociales ante el revuelo generado por la resolución del caso. «Dentro de la legalidad vigente, intentamos contratar a las empresas de la comarca, ya que son el motor de nuestros pueblos. En el caso de los contratos mayores (como es el mencionado, al salir a licitación por 41.000 euros), se buscan cláusulas que, de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, puedan ser más fáciles de realizar para las empresas del territorio», explica.

Como ejemplo, Peñarroya explica a Mediterráneo que suelen usar «trucos» para favorecer a las compañías comarcales como «pedir una reunión presencial a la semana con la empresa» o «solicitar que la firma tenga que desplazarse in situ hasta el lugar en cuestión a llevar el material», ya que algunas, a veces, envían los productos mediante otras compañías de paquetería.

Aun así, cree que lo más conveniente y apropiado sería cambiar la ley estatal de contratación para que las instituciones pudieran priorizar a los negocios rurales del territorio y luchar de forma más efectiva contra la despoblación.

La asociación de comerciantes también opina

Ante el revuelo generado, la asociación de comerciantes de Vilafranca (Vilafranca Espai de Comerç i Serveis) también opinó en redes sobre este caso. Lógicamente, entienden que las licitaciones de contratos mayores son "complicadas" y "deben hacerse siempre cumpliendo con la ley", pero piden aplicar "criterios de discriminación positiva que favorezcan las empresas del territorio".