El Botànic propone crear una renta rural para frenar la despoblación

La ley de medidas contra la despoblación avanza en su tramitación en Les Corts. De hecho, en el camino, ha cambiado hasta el nombre. Los grupos del Botànic han pactado las enmiendas que modificarán el cuerpo de la norma aprobada por el Consell a mediados de enero. Hasta 21 enmiendas han acordado las formaciones de izquierdas en las que no solo añadirán el apellido «por la equidad territorial» al título del proyecto legislativo, sino que también abren las puertas a que se ponga en marcha una renta agropecuaria garantizada. 

«El Consell estudiará la implantación de una renta rural agropecuaria que dé apoyo al mantenimiento de las actividades de agricultura y ganadería», expresa el apartado añadido en el artículo 37 de la norma en una enmienda firmada por los tres grupos. En esta se indica que será el Ejecutivo autonómico el que «reglamentariamente» determinará qué personas podrían ser las beneficiarias de la misma. 

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La modificación, que saldrá adelante al contar con el apoyo de PSPV, Compromís y Unides Podem y se incorporará en la futura ley, no supone la inmediata puesta en marcha de esta ayuda económica, pero sí que abre las puertas y muestra la intención a ello para una próxima legislatura. El objetivo de la medida es blindar estas actividades económicas que suponen una forma de fijación para la población a los territorios más afectados por la despoblación y que, además, conlleva beneficios como la prevención de los incendios.  

Según señalan fuentes de la negociación, el punto fue incorporado a petición de Compromís que apuesta porque se establezca una especie de ingreso mínimo vital para aquellas personas que se dedican a actividades agrarias que tienen un valor «más allá» del propio económico y que supondría un incentivo. Agricultura ecológica o ganadería extensiva aparecen como acciones que «mantienen vivo» el territorio y suponen un «servicio ambiental», además del valor de los productos que generan. 

Plan de rehabilitación

No es la única enmienda pactada entre los partidos de la izquierda. Entre estas, también destaca que se vaya a considerar como municipios en riesgo de despoblación (y, por tanto, que podría entrar dentro las consideraciones legales que habilita la norma) a los que tienen una población inferior a 300 habitantes. Estos se unirán a los que cumplan una serie de requisitos ya marcados por el texto que salió de Presidencia.  

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Las formaciones del Botànic han acordado también «estudiar fórmulas» para municipalizar, es decir, ofrecer desde la Administración pública local, la gestión del servicio del transporte a demanda, una de las novedades destacadas de la nueva ley. Asimismo, el proceso parlamentario introducirá la obligación de emitir un «informe de perspectiva rural sobre despoblación y equidad territorial» en las futuras leyes (como ya se hace en materia de igualdad, por ejemplo), el impulso de redes de producto local y de kilómetro cero o la reclamación de un plan de rehabilitación de inmuebles residenciales públicos en el mundo rural. 

Pero no todas las enmiendas acuden al debate en comisión con el visto bueno de los tres grupos. Tanto PSPV como Compromís han planteado sus propias modificaciones por separado. En este sentido, los socialistas han presentado cinco propuestas de nuevos artículos que se centran en atender los problemas de suelo que tienen estas áreas señalando una «zonificación» y diferenciación de los tipos de suelos. 

Asegurar el abastecimiento

Por su parte, Compromís incidirá en una de las reivindicaciones de la coalición valencianista en los últimos meses: la implantación de las renovables de manera «ordenada». «Con tal de evitar que las externalidades negativas recaigan sobre los municipios del interior y aumenten el desequilibrio territorial, la Generalitat garantizará una implantación ordenada de las instalaciones de energías renovables que fomente la generación de energía en espacios urbanos y perirubanos próximos a las zonas donde se concentra el consumo energético». 

Esto significaría acercar la instalación de las energías renovables a la costa, donde se concentra gran parte de la población y, por ende, el consumo energético, y alejarla de los terrenos del interior donde se instalan la mayoría de estas plantas fotovoltaicas. «Las instalaciones para la generación de energías renovables habrán de asegurar de manera prioritaria el abastecimiento para el consumo residencial e industrial para las poblaciones donde se implanten», añade la enmienda de los valencianistas incidiendo en este modelo. 

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