El Consell reclama al Gobierno 7.128 millones de financiación extra durante la legislatura

7.128 millones de euros en los próximos cuatro años. Es la cantidad adicional que debería recibir la Comunitat Valenciana del sistema de financiación autonómica para converger con la media de recursos que ingresan el resto de territorios, según el informe de expertos encargado por la conselleria de Hacienda hace un mes y que este miércoles ha sido presentado a los grupos parlamentarios en la comisión mixta Consell-Corts de financiación. Todos los partidos salvo Vox se han mostrado a favor de estas conclusiones, que el Ejecutivo valenciano quiere utilizar de base para sus reclamaciones a Moncloa, si bien la Conselleria de Hacienda no ha llevado una propuesta firme para ser votada.

El grupo de sabios ha planteado un fondo de nivelación creciente a lo largo de la legislatura que de media aportaría a la Comunitat Valenciana 1.782 millones de euros extra para compensar la falta de recursos que le transfiere el actual modelo. En el primer año beneficiaría a las cuatro comunidades infrafinanciadas, que además de la valenciana son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, cuyos cuatro presidentes sellaron hace pocos días la llamada "conjura de Fitur" por este mecanismo transitorio.

En ese primer ejercicio, que sería el actual 2024, a la Comunitat Valenciana le corresponderían 1.183 millones sobre un total de 3.237 millones que debería aportar el Estado, cifras muy similares a las estimadas por Fedea en su último informe. A partir de ahí, estas transferencias se irían ajustando año a año, ya que al añadir recursos a estas cuatro autonomías, la media variaría e incluso algunos territorios podrían quedar por debajo de ese nuevo promedio y por tanto, entrar al fondo de nivelación de cara al siguiente ejercicio.

Según los cálculos, la Generalitat debería ingresar 1.746 millones extra en 2025; 2.002 millones en 2026 y 2.196 en 2027. Solo Andalucía recibiría más recursos en términos absolutos. En total, el Estado debería aportar de media 6.100 millones más al año, 24.400 millones durante la legislatura.

Según ha explicado el director del Ivie y líder de facto de este comité de expertos, Francisco Pérez, en ese lapso las autonomías actualmente maltratadas por el sistema alcanzarían progresivamente el 99 % de financiación, achicando ostensiblemente las distancias actuales (91,8 % en el caso valenciano frente a otras como Cantabria que se sitúan 15 puntos por encima de la media).

De hecho, se entiende que una de las fortalezas de la propuesta es que al ser un método progresivo y que va igualando los recursos paulatinamente, podría facilitar el consenso político para la reforma del sistema ya que en unos años no habría tantas diferencias entre autonomías y no habría una línea tan clara entre vencedores y vencidos.

Pérez y los expertos tampoco se han olvidado de la deuda y su posible condonación. Con la actualización del estudio, se ha elevado el porcentaje de pasivo derivado de la infrafinanciación, que ya roza el 80 %. Unos 43.000 millones sobre los más 55.000 millones que se deben actualmente.

Sobre esa base, Pérez ha vuelto a insistir en la necesidad de baremar no solo la infrafinanciación colectiva (la surgida de la crisis financiera y que es la que el Gobierno quiere computar para aliviar la deuda de Cataluña) sino también la relativa, que atañe a las autonomías maltratadas de forma estructural por el sistema.

"Son muy importantes las dos", ha señalado para defender que la "aspiración" de los expertos es que la quita abarque ambas partes. Incluso ha añadido una tercera pata: los intereses generados por esa deuda, que ha situado en 6.500 millones. Y ha subrayado que no tendría coste alguno para el Estado, ya que ahora mismo casi toda está suscrita con el FLA por lo que solo sería un cambio de titularidad, pasando de la Generalitat al Gobierno central.

"Consenso" con reproches

Tras la reunión, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha destacado el "consenso" y la "armonía" que ha percibido entre los grupos políticos, que ha extendido a la sociedad civil poniendo como ejemplo el respaldo al fondo de nivelación que reiteraron el día previo patronal y sindicatos al president Carlos Mazón.

Pero el desfile ante los micros de los representantes de cada formación ha evidenciado que esa "armonía" es relativa. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha pedido "dejarse de fotos y declaraciones". "Votemos", ha dicho. La intención de la coalición es que el Consell desarrolle una iniciativa parlamentaria basada en el informe y que la lleve a las Corts y luego a Madrid.

"Que todos se retatren", ha pedido, señalando las contradicciones entre socios del Consell sobre la condonación. Sin embargo, preguntado por si Compromís actuará en caso de que el Gobierno rechace incluir el fondo de nivelación en los presupuestos, ha evitado aclarar el camino que seguirá su partido.

El socialista Toni Gaspar tampoco lo ha tenido fácil. La ministra María Jesús Montero, de su partido, ha alejado esta herramienta pese a estar pactada en el acuerdo de investidura con Sumar. "Puede tener sus razones, pero nosotros defendemos el fondo de nivelación. Llevamos años hablando de eso, hace falta un fondo transitorio para converger al 100 %", ha dicho.

En todo caso, el foco lo ha vuelto a poner en la quita de la deuda, otro mecanismo "transitorio". Ha pedido aprovechar la "ventana de oportunidad" que abre el Gobierno central y ha instado a Mazón a ser "valiente", deslizando como Baldoví la oposición de sectores del PP a las condonaciones.

Los socialistas critican que Merino haya acudido al cónclave sin una propuesta concreta para que se votara por los grupos, lo que atribuyen a la división interna entre PP y Vox en el Consell en cuanto a la condonación de la deuda y el fondo de nivelación.

Unas sospechas que las ambiguas declaraciones de Vox no ayudan a despejar. Tras criticar su síndic José María Llanos el fondo de nivelación el lunes y defenderlo el conseller José Luis Aguirre el martes, este miércoles Teresa Ramírez, diputada en Corts, ha optado por la "cautela". "No podemos valorar el documento porque no lo hemos analizado al detalle", se ha excusado. Ha pedido "trabajar por la igualdad de los españoles".

Sobre el fondo de nivelación y la defensa de Aguirre, ha desautorizado al conseller al señalar que sus palabras no estuvieron "bien matizadas" y que "lo que quiso decir" es que "el Gobierno central es quien debe dar una solución".

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