¿Cómo queda la ley de amnistía tras los últimos cambios? Guía para no perderse

Pactos, discrepancias y entendimientos se suceden en la política española a una velocidad vertiginosa. Solo hace falta mirar a la ley de amnistía para comprobarlo. En los últimos días, la medida de gracia ha sido el objetivo de casi 50 enmiendas, la protagonista de un nuevo informe de los letrados del Congreso y ha sufrido varios cambios. La comisión de Justicia ha introducido las últimas modificaciones y ha aprobado el texto final que será avalado previsiblemente el próximo martes por el pleno del Congreso. Así queda la ley tras las enmiendas pactadas entre el PSOE, ERC y Junts.

¿Quién se beneficiará?

El texto fija que serán amnistiadas las acciones cometidas entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 "en el contexto del denominado proceso independentista catalán, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración". 

Junts quiere que este plazo cubra los dos meses previos, hasta el 1 de noviembre de 2011 para "incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017". Así, quedarían cubiertas todas las causas contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas derivadas de la consulta soberanista del 9-N. Junts mantendrá viva su enmienda hasta el próximo pleno. 

¿Qué hechos ampara?

En este periodo desde 2012 al 13 de noviembre de 2013 se incluyen no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos. Por ejemplo, "los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Catalunya", incluyendo los delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación; los actos de desobediencia "con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares"; o las acciones para mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables.

Tras aclarar que estar incluido en la amnistía no supone derecho a percibir indemnización alguna ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, incluso las impuestas por el 9-N del Tribunal de Cuentas, puesto que ya son firmes, la ley deja claro que se anularán las penas aún por cumplir o las órdenes de arresto dictadas, como tiene pendiente el expresidente Carles Puigdemont. Eso sí, verán borrados sus antecedentes penales y se anulará la pena de inhabilitación que aún cumplen algunos condenados como Oriol Junqueras, lo que supondrá que podrán concurrir a las elecciones.

La proposición de ley también modificará el artículo 130 del Código Penal para incluir la amnistía en el ordenamiento jurídico español. Así, se establecerá que entre las causas por las que se extingue la responsabilidad criminal está la amnistía. 

¿Los casos por terrorismo quedan incluidos?

La proposición de ley de amnistía ya blindaba las dos causas abiertas por terrorismo: Tsunami Democràtic, en la que el juez Manuel García-Castellón ha manifestado la necesidad de imputar al expresidente Carles Puigdemont, aunque eso solo puede hacerlo el Tribunal Supremo, y la abierta a los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivas. El texto original lo hacía porque solo lo impedía para los casos "con sentencia firme" y en ninguno de los dos es posible que la haya antes de que la amnistía sea una realidad.

Ahora se establece un requisito distinto y es que se excluirán los actos de terrorismo "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos"; lo que deja fuera el fallecimiento del turista francés por un infarto. Los CDR siempre han negado que pensaran atentar y Tsunami Democràtic siempre ha defendido que solo protestaban contra la sentencia del 'procés'. También se han excluido los delitos de genocidio y el de lesa humanidad.

¿Los jueces pueden frenar su aplicación?

Todas las enmiendas pactadas coinciden en la intención de reducir al máximo el margen de los jueces para dejar en suspenso la aplicación de la amnistía a los casos bajo su competencia si consultaban al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por entender que vulnera la carta magna o el derecho de la Unión. De ahí que diga expresamente que las órdenes de detención y las condenas de prisión o las penas accesorias, como las inhabilitaciones, así como las medidas cautelares dictadas deban levantarse mientras se consulta.

Las órdenes de detención y las cautelares decaerían en cuanto entre en vigor la norma, pero las condenas sí podrían mantenerse mientras se produce la consulta a Europa, porque justo lo que preguntas es si debes aplicar una ley de la que dudas, posibilidad que supuestamente se neutraliza con la aprobación de la proposición de ley.

¿Cuándo se aprobará?

Por el momento no hay una fecha fija. Fuentes socialistas apuntan que podría convocarse un pleno extraordinario en la última semana de enero o, directamente, incluirlo en el primer pleno ordinario de febrero.

Una vez el Congreso apruebe la amnistía, la proposición de ley será remitida al Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. Aquí, primero deberá pasar por comisión y, después, ser debatida y votada en el pleno. Nadie duda de que los populares utilizarán su poder para vetar la norma o modificarla por completo. Además, podrán retrasar su tramitación hasta dos meses.

Tanto si el PP tumba la iniciativa como si introduce enmiendas, la proposición de ley deberá regresar al Congreso una vez más. Donde el bloque de investidura deberá levantar el veto del Senado. Solo entonces la amnistía estará aprobada y en vigor. Se espera que sea a finales de abril.

¿Es constitucional?

Más allá de este debate sobre las enmiendas, hay otro sobre la constitucionalidad de la ley. Sobre todo, después de que los letrados del Congreso emitieran un informe en el que señalan que la amnistía "plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución". Defienden que la medida de gracia no está "contemplada entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 66.2 y que las Cortes Constituyentes rechazaron su incorporación a la Carta Magna.

Esta posición contrasta con otro informe emitido el 20 de noviembre por los letrados de la Cámara Baja en el que se sostenía la tesis contraria, que no existe una inconstitucionalidad "palmaria y evidente". Para ello, primero señalaron que la Constitución "no incluye ninguna referencia a la amnistía" y que el Tribunal Constitucional (TC) "tampoco se ha pronunciado de manera tajante" sobre esta figura. No obstante, sí admitieron que "hay otros posibles motivos de inconstitucionalidad", pero que para este análisis sería necesario contar con la doctrina aún no dictada por el TC. El alto tribunal deberá dictaminar si es o no constitucional.

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