Son una de las siglas que más se han utilizado en los últimos meses. Los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) se convirtieron en las primeras semanas de la pandemia en el clavo ardiendo al que se agarraron decenas de empresas de Castellón para sobrevivir, aunque siempre hay quienes intentan sacar provecho de ello. La Inspección de Trabajo lo sabe y el pasado abril, cuando más de 35.000 trabajadores de la provincia estaban acogidos a uno de estos expedientes, puso en marcha una campaña de control para detectar posibles fraudes laborales. Y aunque la inmensa mayoría de las empresas ha actuado conforme a lo que dicta la ley, de momento ya ha descubierto irregularidades en 67 compañías.

A final del 2020, y según datos del Ministerio que dirige Yolanda Díaz, el total de expedientes iniciados por fraude en los ERTE ascendía en Castellón a 859. De estos expedientes, la Inspección ya ha concluido un total de 688, es decir, el 80%. Y entre las empresas de la provincia que han sido objeto de expediente se han encontrado infracciones en 67 de ellas, a las que Trabajo ha interpuesto sanciones por valor de 288.966 euros. O dicho de una manera más clara: los inspectores han descubierto irregularidades en una de cada diez pymes investigadas. A nivel nacional, la Inspección ha detectado 3.635 infracciones por las que ha sancionado a las empresas con un total de 16,5 millones.

Trabajo todavía mantiene abiertas en Castellón 171 investigaciones, por lo que lo más probable es que el montante de las multas aumentará durante las próximas semanas. Además, y tal y como explican desde el Ministerio, la campaña de inspección no ha finalizado. Además de los expedientes que quedan por cerrar, la idea del Gobierno es continuar persiguiendo el fraude mientras haya ERTE. Y esos se acaban de prorrogar hasta el próximo 31 de mayo.

Y ¿cuáles son las principales irregularidades detectadas por los inspectores? El grueso se corresponde con trabajadores que continuaban oficialmente en ERTE cara a la Administración, pero que en realidad ya estaban trabajando, lo que permitía a las compañías ahorrarse el sueldo del empleado, que seguía cobrando el subsidio de desempleo. Trabajo también ha detectado empresas fantasma que se habían creado para poder acogerse al ERTE.

El fraude en los ERTE es considerado una infracción muy grave. Las empresas que hayan presentado uno de estos expedientes de manera irregular y han sido cazadas por los inspectores no solo han tenido que devolver las prestaciones que han recibido sus empleados, sino que han abonado multas de entre 6.200 y 187.000 euros. Pero es que, además, este año las multas van a ser todavía más altas. El Gobierno ha decidido subir las cuantías y desde ya la multa oscila entre los 7.500 y los 224.000 euros.

Desde que en abril del 2020 se alcanzó el récord de más de 35.000 trabajadores afectados por ERTE en Castellón, las cifras han ido a la baja. En julio, en plena desescalada, fueron bastante menos, 10.284, y el año acabó con 3.720 asalariados todavía con el empleo suspendido. Unos trabajadores que tienen garantizada esta protección hasta el 31 de mayo, después de un nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, que previsiblemente irá más allá del verano.

A pesar de la rúbrica, desde la patronal CEOE solicitan poder eliminar la cláusula de salvaguarda del empleo, según la cual las empresas que han accedido a un ERTE no pueden despedir a ningún trabajador durante un periodo de seis meses. Y si lo hacen, se verían obligadas a devolver todas las ayudas públicas recibidas.