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El Tribunal Constitucional suspendió ayer el acuerdo del pleno del Parlamento catalán que recogía las conclusiones de la comisión del llamado proceso constituyente. Aunque no se trata propiamente de un texto legislativo, el pleno asumió en dicha votación una serie de intenciones que una vez materializadas son claramente anticonstitucionales. De hecho, están pensadas para serlo, pues se derivan de lo que las fuerzas parlamentarias independentistas llaman la “desconexión”. El acuerdo de ayer del Constitucional es jurídicamente impecable. Admitido el recurso, procede la suspensión cautelar y dar voz a las partes para expresar sus alegaciones. Nada que objetar. Junto con la petición de suspensión, el Gobierno elevó al Alto Tribunal una petición para que examine la posibilidad de que algunos cargos institucionales catalanes. El Constitucional ha impuesto la prudencia procesal para asegurar el buen fin de la iniciativa. Una vez más el independentismo busca en los tribunales lo que no consiguen en la Cámara. Frente a esta deriva hacia ninguna parte, desde la política se empuja al TC no solo a defender la legalidad -que es su principal misión- sino a convertirse en un actor en la pugna entre partidos. Pero ayer volvió a demostrar que no está dispuesto a extralimitarse.
