VARIAS FAMILIAS VIVEN EN CASAS CONSTRUIDAS EN SUELO RÚSTICO E INUNDABLE
El Ayuntamiento de Vila-real no era conocedor del asentamiento ilegal
El alcalde incide en que la Generalitat es la competente ahora en disciplina urbanística
«Estoy seguro de que la Fiscalía ordenará diligencias para ver si hay menores», afirma Benlloch
El Ayuntamiento de Vila-real no era conocedor de la existencia del asentamiento ilegal que se ha ido construyendo junto al camino Quart Sedeny y la vía del tren en el que, como adelantó ayer Mediterráneo, se han establecido varias familias de nacionalidad extranjero y en las que conviven menores, según confirmaron fuentes consultadas por este rotativo.
Al respecto de este tema, inmerso en la vía penal en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de la ciudad, el alcalde, José Benlloch, incide en que las competencias en disciplina urbanística fueron delegadas en su día en la Agencia de Protección del Territorio, dependiente de la Generalitat, «de manera que lo que hacemos desde el consistorio es mantener una colaboración permanente aportando la documentación que se nos solicita y atendiendo a las acciones que que nos piden que acometamos en cada momento determinado».
Esa sería la razón por la que han sido los agentes del Seprona de la Guardia Civil los que iniciaran la investigación, en agosto del 2023, tras constatar la construcción de viviendas en suelo rústico y, además, inundable, por cuanto se encuentra próximo al canal que desvía las agua del Barranquet hasta el barranco de Ràtils.
Mención a parte merece la posible presencia de menores en las viviendas que se han levantado en esta parcela rústica junto al camino Quart Sedeny, a escasos 700 metros del río Sec y del término municipal de les Alqueries. En este caso, Benlloch aclara que «la única manera que tendríamos desde el Ayuntamiento de averiguar algo sería si se presenta alguna denuncia o si se da una intervención de oficio de la Policía Local», algo que no se ha producido, por cuanto las autoridades confirman que no se trata de familias que sean conflictivas.
En este sentido, el munícipe hace hincapié en que «no consta en el departamento de Servicios Sociales ningún expediente abierto sobre este tema». Y se muestra convencido de que el Ministerio Fiscal, al estar el caso judicializado, ordenará las diligencias oportunas para determinar si hay menores, en qué condiciones se encuentran y si están escolarizados».
«Nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborar en aquello que se nos pida», concluye.
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