SANIDAD

Investigadores de la UJI y de Zurich idean un algoritmo para el reparto ético de las vacunas

Los expertos cuestionan el modo como se distribuyeron las dosis del covid

María Tomás

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló y de Zurich cuestionan en un artículo el reparto de las vacunas contra el covid 19 y proponen un algoritmo para favorecer un reparto ético de las mismas.

A juicio de los investigadores "los procedimientos de racionamiento violaron principios éticos fundamentales". En concreto, explican que no se tuvieron en cuenta estos criterios en la asignación de vacunas, ni se requirió el asesoramiento científico de especialistas en matemáticas y economía, más habituados al reparto de recursos escasos.

Para abordar esto, basta recordar qué sucedió cuando los preventivos estuvieron disponibles. Comenzó una carrera por parte de países de todo el mundo para conseguir las vacunas, pero con muy poca o ninguna intención de coordinarse.

Para mitigar el potencial caos de estas políticas «sanitariamente nacionalistas», la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones apoyaron a una iniciativa multinacional llamada COVAX para organizar la distribución de las dosis entre diferentes países. Otras coaliciones supranacionales como la Unión Europea también centralizaron la compra de vacunas para repartirlas entre sus estados miembros.

Orden de prioridad

A juicio de los investigadores dos son los principios éticos clave. En primer lugar, para evitar el colapso, primero se tiene que inmunizar al personal médico, después a las personas de más edad y los de mayor riesgo, y así sucesivamente. Este principio, denominado «priorización según las necesidades», requiere que se respeten las clases de prioridad (según lo decidan la evidencia científica y las autoridades médicas competentes), y la inmunización de una clase de prioridad no tiene que empezar hasta que las clases anteriores estén ya inmunizadas en todas partes de la coalición multiterritorial.

Trato igualitario

En segundo lugar, todas las personas dentro de una determinada clase de prioridad tienen que ser tratadas por igual. Este principio, denominado «igualdad entre iguales», supone que las personas con la misma prioridad deben tener las mismas posibilidades de recibir la vacuna, independientemente de factores irrelevantes como, por ejemplo, en qué país o estado dentro de la alianza puedan residir.

Protocolos ignoraron la ética

Según detallan los investigadores en el artículo publicado en Frontiers in Public Health, «los protocolos de asignación aplicados por COVAX o la UE ignoraron los criterios científicos y éticos». En concreto, el error estuvo en la aplicación de un criterio de proporcionalidad de lotes en función de la población de los estados miembros sin tener en cuenta que la proporción de las clases prioritarias era distinta en cada uno de los territorios. «Esto ha provocado –comentan–que en unos territorios se vacunara a población más joven y sana (con menos prioridad), mientras que en otros territorios todavía quedaba población más vulnerable (y por tanto, con mayor prioridad) sin vacunar».

Protocolo de Prioridad Igualdad

Protocolo de Prioridad Igualdad

Cómo asignar vacunas frente a una pandemia

Para resolver este tema aconsejan usar criterios de las ciencias sociales matemáticas. El equipo investigador ha demostrado matemáticamente que hay una y solo una manera de asignar vacunas para asegurar que las clases de prioridad se respeten y las personas dentro de cada clase de prioridad sean tratadas por igual. El procedimiento, llamado «Protocolo de Prioridad-Igualdad», es un poco más complejo que el aplicado por el coronavirus, pero no excesivamente.

Este protocolo es válido para cualquier tipo de reparto centralizado que tenga que respetar clases de prioridad, por ejemplo, el reparto de píldoras de yodo ante una amenaza nuclear, y animan a las autoridades pertinentes a aprobarlo y ponerlo en práctica.

La investigación ha sido desarrollada por Carlos Alós-Ferrer del Center for Neuroeconomics de la Universidad de Zúrich y Jaume García-Segarra y Miguel Ginés Vilar del Departamento de Economía de la Universitat Jaume I de Castelló