La excúpula de la patronal de Castellón niega el desvío de fondos para formación

La Audiencia Provincial ha sentado este martes en el banquillo de los acusados a la excúpula de la patronal de Castellón (CEC) en un juicio en el que el expresidente, José Roca; el exsecretario general, Rafael Montero; y el director de formación, José Antonio Espejo; se enfrentan a una pena de cárcel de cuatro años por un presunto delito continuado de apropiación indebida ante las supuestas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación por parte de la patronal empresarial.

Los tres procesados han negado el desvío de fondos formativos y no aclararon por qué las tres empresas que los impartieron los cursos dejaron de cobrar 190.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía considera que en el año 2011 y «de común acuerdo y con ánimo claro de obtener un beneficio patrimonial ilícito para sí o para la entidad que gestionaban, no transfirieron a las entidades prestadoras de los servicios» esos 190.000 euros, que sí habían sido transferidos de la Generalitat valenciana a la patronal autonómica valenciana CIERVAL y a su vez, la parte correspondiente, a la CEC para un plan de formación.

La declaración de Rafael Montero

El que entonces fuera el secretario general, Rafael Montero, ha afirmado en su interrogatorio que él «no tenía nada que ver» con las empresas externas que prestaban servicios de formación en la CEC y señaló a Espejo como la persona que daba las órdenes de pago a estas mercantiles.

Montero, de avanzada edad, ha hecho gala de su buena memoria en una lúcida declaración y explicó que en la organización había un doble control sobre esos cursos. En primer lugar, en su ejecución y la correspondiente inspección del Servef, y también por una auditoría en la que «no se contempló ninguna irregularidad». 

El exsecretario ha dicho tener «voz, pero no voto» en la CEC y ha aseverado que era la Junta la que tenía «capacidad de decisión», aunque más tarde apuntó que él tenía «autonomía suficiente» y que no recibía «órdenes de nadie». Asimismo, Montero ha dicho que era «habitual» que la administración se retrasara en el pago de las ayudas y que la CEC debía justificar el 100%, aunque solo hubiera cobrado el 75%.

La declaración de José Roca

Por su parte, Roca también se ha desvinculado del pago de facturas y, nuevamente, señaló a Espejo y su departamento. El expresidente ha indicado que tampoco conocía esta deuda hasta 2016 y que él «no sabía nada de la formación». Estuvo de acuerdo en firmar un reconocimiento de deuda al ponerse de manifiesto por las empresas la deuda, algo que hizo porque se «lo aconsejaron Montero y Espejo». Asimismo, ha dicho que su dimisión, que llegó poco después de esa junta, no se produjo por estos hechos.

Aunque tanto Montero como Roca señalaron a Espejo como supuesto responsable de los hechos que se enjuician, este tampoco ha reconocido el supuesto desvío de fondos ni su responsabilidad. Ha indicado que, si bien él era director de formación, «no tenía contacto» con las empresas que contrataba la CEC. Además, ha desmentido que él aconsejara nada respecto al reconocimiento de deuda. Espejo ha asegurado en su declaración que él no tenía autorización para operar en bancos, ni para firmar, ni competencias «sobre lo que se pagaba o no» y tampoco tenía «capacidad» para apropiarse «de nada».

Sin embargo, los responsables de dos de las empresas denunciantes, que han comparecido como testigos, contradijeron a Espejo y han asegurado que mantenían comunicación constante y directa con él. 

Uno de los testigos ha relatado que fue llamado a declarar al juzgado de Nules y antes de eso recibió una llamada de Espejo para tranquilizarles y dorarles «la píldora», y prometerles que iban a «hacer más cursos». La deuda no se saldaba y pasaban los años y cuando «insistíamos en cobrar», agregó este testigo, «cada vez nos daba excusas más peregrinas».