Castellón agrava su atasco judicial con las huelgas y teme el paro de los jueces

A perro flaco todo son pulgas y la Justicia de Castellón parece ajustarse perfectamente a esta frase hecha. La provincia, que cuenta desde hace años con los juzgados más colapsados de la Comunitat Valenciana según datos del Consejo General del Poder Judicial, acusa las huelgas celebradas desde hace dos meses por los letrados de la administración de justicia (LAJ) y los funcionarios de la Conselleria y teme ahora la nueva amenaza planteada por jueces y fiscales, que han anunciado huelga indefinida el próximo 16 de mayo a cuenta de las retribuciones y de la dotación en los Presupuestos Generales del Estado. 

Según fuentes judiciales consultadas por este diario, las protestas de los LAJ han obligado a suspender, solo en el orden Social, 130 juicios en Castellón. Además, algunas actuaciones se han retrasado hasta un año a cuenta de los paros. Ante esta situación, la consellera Gabriela Bravo, se reunió esta semana con los colegios de procuradores y abogados de las tres provincias valencianas a los efectos de analizar la situación y plantear medidas para paliarla. 

La reflexión de los procuradores

«La consellera está muy sensibilizada con el asunto, aunque recuerda que el responsable de jueces, fiscales y LAJ es el Ministerio. La Conselleria es la competente por lo que respecta a los funcionarios», recuerda la presidenta del Consejo Valenciano de Procuradores y decana de los procuradores de Castellón, Carmen Rubio.

En este sentido, Rubio teme que las huelgas empeoren una situación endémica, la de la provincia, que la sitúa como la más atascada judicialmente del territorio valenciano. «Hemos acordado que cada colegio profesional enviará a la dirección general de Justicia las incidencias que se produzcan respecto a los funcionarios», apunta.

La reflexión de los abogados

Por su parte, el decano de los letrados de Castellón, Manuel Mata, apunta que «aunque el seguimiento de los paros es porcentualmente bajo en la provincia, parece que hay funcionarios que están alterando el normal funcionamiento de algunos juzgados y eso es lo que vamos a analizar».

Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) --las únicas progresistas de las carreras judicial y fiscal-- se desmarcan de la posible convocatoria de huelga hasta que se produzca la reunión con el Ministerio de Justicia, el 3 de mayo, en el ámbito de la Mesa de Retribuciones; sin perjuicio de que puedan adherirse posteriormente a la huelga.

La huelga de jueces y fiscales podría ser muy secundada en Castellón

Juristas de Castellón consultados por este diario creen que la huelga podría tener «un seguimiento será muy elevado, ya que la secundan el 75% de las asociaciones profesionales». Las mismas fuentes recuerdan que el año pasado se vieron obligados «a presentar una demanda judicial para que el Ministerio convocara la mesa de retribuciones que es una obligación legal que están incumpliendo sistemáticamente».

Desde el TSJCV, recuerdan que todas las huelgas que afectan al servicio público de Justicia llevan aparejados servicios mínimos. Éstos se fijan en su momento bien por el Ministerio y/o por el Consejo General del Poder Judicial, aunque por el momento no hay constancia de ningún decreto o resolución fijándolos. 

Los jueces no tienen subida salarial desde 2003, al margen de las últimas subidas por el IPC aplicadas a los empleados públicos, según fuentes del sector. 

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