Domínguez volverá a la presidencia de la Audiencia de Castellón tras jubilarse Marco

El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, se jubila el próximo mes de octubre al cumplir 72 años. Sin embargo, el nuevo nombramiento del magistrado que le suceda en el cargo no será posible debido al bloqueo que sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que se prolonga ya durante cuatro años. Tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), las presidencias de las Audiencias Provinciales no se deciden por elecciones, como sí sucede con los decanatos, sino por nombramiento directo del pleno del CGPJ. Este órgano, sin embargo, no puede hacer nombramientos al estar en funciones, por una reforma legal aprobada en 2021.

Así, la persona que sustituya a Marco en la presidencia de la Audiencia de Castellón --donde lleva desde el 2014-- será el magistrado o magistrada de la Audiencia con más antigüedad. En este caso, según ha podido saber Mediterráneo, se trata de Carlos Domínguez, presidente de la Sección Primera en la actualidad y expresidente de la Audiencia entre los años 2003 y 2013. 

La de Castellón no será, ni mucho menos, la única situación encasquillada a cuenta del bloqueo del CGPJ. De hecho, hay unas 70 plazas de presidencias de Audiencias, Tribunal Superior de Justicias, salas de TSJCV o magistrados del Supremo sin salir por este mismo motivo: la imposibilidad de hacer nombramientos.

Así, si el CGPJ no se desbloquea ninguno de los magistrados de la Comunitat Valenciana podrá presentar candidatura a presidir el órgano judicial provincial.

En 2014, el pleno del Consejo nombró a Marco --presidente de la Sección Tercera desde el año 1998-- presidente de la Audiencia Provincial en sustitución de Carlos Domínguez, quien decidió no optar a la reelección tras ejercer como tal la anterior década.

¿Qué bloqueo afecta al órgano de los jueces?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España, cuya función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Está compuesto por un presidente y 20 vocales, y lleva cuatro años bloqueado. El PP suspendió en 2022 las negociaciones abiertas con el PSOE para renovarlo. El motivo fue que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo la intención de reformar el delito de sedición.

Los socialistas, por su parte, acusaron al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de «no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria». Esta situación empeoró aun más con la propuesta del Gobierno de designar magistrados del Tribunal Constitucional a dos exaltos cargos del Ejecutivo entre acusaciones de autoritarismo del PP. Y puso la guinda el enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la intención de PSOE y Unidas Podemos de aprovechar la reforma del Código Penal para introducir enmiendas que permitan sortear el bloqueo. Carlos Lesmes formalizó en 2022 su renuncia como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Lo hizo tras la imposibilidad de PP y PSOE de alcanzar un acuerdo.