Castellón agrava su atasco judicial y arrastra ya 45.000 casos pendientes

Castellón ve agravado su colapso judicial y arrastra ya 45.000 asuntos pendientes de tramitación en el primer semestre de este año (un 17,6% más que en el ejercicio anterior). Son los datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo informe da cuenta de que el ingreso de asuntos en los juzgados de la provincia se ha incrementado en un 11% en el segundo trimestre del 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Aunque funcionarios de justicia, secretarios judiciales y jueces de Castellón trabajan con celeridad para resolver pleitos (19.151 en solo un trimestre), han registrado también 20.613 nuevos casos. Ello da un saldo de casi 1.500 procedimientos pendientes, que sumados a los que el sector ya arrastraba de trimestres y años anteriores dan un resultado de 45.000 asuntos en cola. Los números, por tanto, no salen y la única solución es la de aumentar tanto el personal, como la creación de órganos judiciales que contribuya al desatasco de la justicia.

Reivindicaciones

Días atrás lo reivindicaba el ya expresidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, --jubilado desde el 9 d’octubre y sucedido de forma interina ante el bloqueo del Consejo por el magistrado Carlos Domínguez-- en su despedida con los medios. El magistrado remarcaba la necesidad de crear diversos juzgados en Castellón y también de que el CGPJ baje las ratios de asuntos que debe ingresar cada órgano para considerarse sobrepasado y plantear nuevas creaciones. 

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Marco habló de la urgente necesidad de poner en marcha un juzgado de violencia sobre la mujer en Vinaròs, donde en la actualidad un juzgado mixto (civil y penal) es el que absorve también este tipo de causas.

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Según el informe del CGJP, la jurisdicción peor parada es la contenciso-administrativa --la encargada de los pleitos con la administración pública--, que en Castellón tiene una tasa de congestión de 6,52 --la más alta de la Comunitat-- y una pendencia del 231%.

En el trimestre analizado se han juntado dos elementos distorsionadores. Por una parte, se ha producido la admisión masiva de procedimientos que habían quedado pendientes como consecuencia de la huelga de letrados de la administración de justicia. Al mismo tiempo, la huelga de funcionarios de justicia ha provocado una retención de asuntos.