CCOO no toma medidas contra Palacios pese a ver el fiscal delito por acoso laboral

Comisiones Obreras (CCOO) no apartará a Amalio Palacios al frente de sus responsabilidades sindicales en el Hospital Provincial de Castellón hasta que exista una sentencia firme sobre las denuncias por un presunto acoso laboral presentadas meses atrás por tres trabajadoras del centro y a las que se sumó una cuarta de un oftalmólogo jubilado.

Tras conocerse la judicialización del caso al observar la Fiscalía indicios de delito tras finalizar sus pesquisas, la Federación de Sanidad de CCOO de Castellón dejó ayer en manos de instancias superiores la adopción de medidas contra el afiliado Palacios.

La secretaria general de la dicha federación, Encarna Barragán, aseguró que a su nivel en el sindicato «no podemos tomar medidas» y dijo haber «elevado» el caso a la federación de país y a la estatal, que serán ahora quienes deberán decidir si se suspende de militancia a Palacios o bien se aplica cualquier otro tipo de medida disciplinaria interna ante los hechos denunciados.

«Cumpliremos escrupulosamente lo que marcan nuestros estatutos», señaló Encarna Barragán, remitiéndose a que también mantuvo esta postura durante la comparecencia que realizó junto al sindicalista en su apoyo al trascender las denuncias presentadas por presunto acoso laboral.

«No sabemos cómo acabará»

«Con los datos que teníamos en ese momento no veíamos que se hubiera cometido acoso y ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que determina la justicia», añadió la secretaria general de la Federación de Sanidad en Castellón, instando a «ser respetuosos» con el procedimiento en marcha y matizando que «aunque se inicie la investigación a nivel penal, no sabemos cómo va a acabar». 

Fuentes de instancias superiores del sindicato, por su parte, confirmaron que Amalio Palacios seguirá desempeñando sus responsabilidades: «Cuando haya una sentencia, hablaremos», adelantaron, dejando a su vez la puerta abierta a una posible sanción si finalmente la justicia da por probadas las actitudes vejatorias que denuncian las presuntas víctimas. En ese sentido, apuntaron que «dependiendo del fallo» se adoptarán «unas medidas u otras». 

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