Solo 130 inspectores supervisarán las prácticas para unos 3.000 profesores

Solo 130 inspectores de Educación supervisarán las prácticas de 3.000 docentes durante un año en la Comunitat. Es uno de los cambios que ha introducido la actual conselleria dirigida por José Antonio Rovira (PP), que otorga esta nueva competencia al cuerpo de inspección.

Las oposiciones educativas tienen dos grandes fases; la del examen y la de las prácticas. Cuando los candidatos han aprobado la prueba deben pasar un año como docentes en prácticas, y les tienen que evaluar para comprobar que son aptos para dar clase.

Variación

Durante la pasada legislatura, esta tarea de supervisión y evaluación la realizaban los directores y un tutor en el centro escolar, que decidían a final de año si los docentes aprobaban o no. Ahora este trabajo pasará a realizarlo el cuerpo de inspectores educativos, que son alrededor de 130. En total, deberán evaluar las competencias durante todo el año de más de 3.000 docentes que ahora mismo están en prácticas.

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Algunas asociaciones de inspectores han criticado la medida, ya que consideran que no van a poder evaluar correctamente a 30 estudiantes a lo largo de todo un año, a lo que hay que sumar todas las obligaciones que tienen en su trabajo. Critican que la conselleria haya cambiado un sistema de evaluación en el que los directores sí que podían ver el día a día de los docentes por uno en el que no van a poder estar pendientes.

Recuperar competencias

La decisión de Rovira va en la línea de fortalecer la inspección educativa, al considerar que este cuerpo estaba «vacío de competencias». Para ello se rodeó de inspectores en sus puestos de mando, y dio las responsabilidades de Educación a Daniel McEvoy, el hombre de confianza del conseller, como secretario autonómico. De los cinco directores generales por debajo de McEvoy, cuatro son inspectores y solo una maestra.

La forma de gobernar contrasta mucho con la de la anterior conselleria de Compromís y PSPV, donde la propia consellera Raquel Tamarit (y antes Marzà) eran docentes. El secretario autonómico Miguel Soler es profesor de Matemáticas, y la mayoría de directoras y directores generales eran maestras o directores de centros.

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Durante la legislatura pasada la inspección educativa (en concreto el sindicato mayoritario USIE) se sintió arrinconada frente a los directores de centros escolares, a los que se les dio mucho más margen de maniobra y muchas más competencias, reduciendo el papel de la inspección educativa. Un ejemplo de esto es la supervisión de docentes en prácticas o su papel en el arreglo escolar, que es el trabajo de preparar el curso siguiente para que todos los menores tengan plaza. Antes los inspectores iban centro a centro contando clases y plazas que iban a necesitar. Ahora, con el programa Ítaca de la Conselleria, esa labor se puede hacer en pocos clicks.

«Relegados» por el Botànic

Daniel McEvoy fue uno de estos inspectores de USIE (una rama más conservadora dentro de la inspección) que se sintió relegado durante ocho años, aunque también hubo críticas de las asociaciones progresistas, que se quejaron de la falta de atención y recursos que recibían. Por esto, al llegar a la conselleria, Rovira (y por ende, McEvoy) comenzaron a acometer reformas para volver a dar más competencias a la inspección.

Durante estos meses se han eliminado programas del Botànic como el Plan de Actuación para la Mejora (PAM), que permitía a los directores de centro --de manera justificada-- pedir más profesorado de determinado perfil si lo necesitaban, y de esta manera, adaptarse a las necesidades de cada centro. Ahora este profesorado deberá reclamarse directamente a la inspección educativa. 

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