Antonia García Valls: "Trabajaré para que las demandas de Castellón se hagan realidad"

Antonia García Valls (la Vall d’Uixó, 1966) tomará posesión mañana, lunes, de forma oficial de su cargo como nueva subdelegada del Gobierno de España en Castellón. Asume lo que ve como una gran responsabilidad con el objetivo central de trabajar con la plantilla del Estado en la provincia «mano a mano» y también de atender las demandas de Castellón para que sean atendidas.

¿Cómo se siente con su nuevo cargo como subdelegada del Gobierno en Castellón? El nombramiento, ¿fue una sorpresa?

Tener un cargo de responsabilidad política en la tierra de uno siempre es un gran honor. Ser subdelegada del Gobierno en Castellón, para mí es eso, un gran honor por lo que significa poder trabajar para mejorar nuestra provincia y por otro lado por representar al Gobierno progresista de Pedro Sánchez. Cuando recibes la llamada para un nombramiento como este, no puedo negar que fue una sorpresa. Una vez te comunican la noticia te viene a la cabeza el sentimiento de responsabilidad y de agradecimiento a la gente que ha confiado en mí para ejercer este cargo de responsabilidad institucional.

¿Cuáles son sus objetivos como máxima autoridad del Gobierno?

Trabajar mano a mano con los funcionarios que componen los servicios integrados de la Administración General del Estado para seguir dando el mejor servicio posible a la ciudadanía de la provincia de Castellón. Tener un contacto constante con el tejido asociativo, económico y social de la provincia para hacer de correa de transmisión de nuestras necesidades al Gobierno de España. Al igual que trabajar para ver cómo esas demandas se puedan convertir en realidad. Por último, representar al gobierno de Pedro Sánchez que tanto me representa a mí. Un gobierno que sube las pensiones según el IPC, que trabaja por la igualdad, sube el SMI, sus políticas generan empleo, tenemos el mayor número de contratos indefinidos de siempre, somos la economía que más crece y con la inflación más baja de Europa.

El Gobierno ya ha concedido las ayudas para la cerámica. Desde el sector recuerdan que son insuficientes. ¿Hay posibilidad de apoyos adicionales para el sector?

Me va a permitir, para empezar, reconocer que el actual Gobierno de España ha sido el más sensible con el sector azulejero hasta la fecha. Hemos pasado por varias crisis económicas gestionadas por diferentes gobiernos y nunca antes el sector había recibido ayudas como las concedidas por el Gobierno de Pedro Sánchez. A la provincia de Castellón han llegado 76.405.114,46 euros que han beneficiado a 78 empresas. El compromiso del Gobierno de España y el mío propio con el sector cerámico es firme. Somos conscientes de la realidad del sector y trabajaremos de manera conjunta para encontrar soluciones. Hay una interlocución constante entre el Gobierno y Ascer. La nueva secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, conocedora del sector, ya se ha reunido con ellos y se está trabajando. Se están estudiando todas las líneas de subvención posibles y, de hecho, desde el Ministerio se están buscando fórmulas a los diferentes problemas coyunturales que atraviesa el sector en estos momentos, derivados de la crisis de precios y el conflicto bélico en Ucrania, entre otros.

Otra de las peticiones del sector es contar con el mecanismo de ERTE Red para los empleados de la cerámica que se ven obligados a encadenar paros temporales. Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo no ha atendido la propuesta.

Insisto en reiterar que el Gobierno Progresista de España siempre está dispuesto a escuchar y dialogar con el sector cerámico. El mecanismo ERTE Red no existe. O hablamos de ERTE o hablamos de mecanismo Red. El ERTE es un despido colectivo. Y el mecanismo Red se aplica cuando hay una circunstancia como la pandemia, o un fin de ciclo. Se trata de un mecanismo para formar a trabajadores para que puedan pasar a otro sector y desde el Ministerio de Trabajo se piensa que no es el caso.

«El ministerio busca fórmulas para paliar los problemas coyunturales que sufre la cerámica»

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Sobre las infraestructuras, se reivindica de forma periódica la ampliación de la CV-10 hasta Tarragona para vertebrar el interior de Castellón. ¿Cuál es la postura del Gobierno? ¿se hará? 

La infraestructura que realmente vertebra el norte de la provincia de Castellón es la N-232 y esta enlaza con la AP-7, que pasó a ser gratuita en los primeros meses del gobierno de Pedro Sánchez, y que va prácticamente en paralelo a la CV-10. En la pasada legislatura, el Gobierno de España invirtió 42 millones de euros en la reconstrucción de dicha nacional en su paso por el Port de Querol, en Morella. Por otro lado, el pasado mes de diciembre se adjudicaron las obras de acondicionamiento y reordenación de accesos de la N-232, en el tramo entre Masía de la Torreta y Morella Sur, con una inversión de 24 millones de euros. A partir de aquí habrá que ver la evolución del tráfico y ver la necesidad real de seguir ampliando la CV-10. 

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Municipios de la costa piden que se ejecuten las medidas contra la regresión del litoral. ¿Por qué tardan tanto en llevarse a cabo?

Hay varios motivos. Uno de ellos es que cuando el Gobierno de Pedro Sánchez entró a gobernar en el cajón de los proyectos no había ninguno empezado. Son proyectos de gran envergadura y presupuestos elevados, con unos procedimientos, como no puede ser de otra forma, garantistas y transparentes. Proyectos que, por su envergadura, siempre suelen generar algún tipo de descontento que acaba alegando y retrasando los proyectos. Desde que Pedro Sánchez es presidente y dentro del plan de lucha contra la regresión de la costa sur de la provincia, denominado Plan Cantabria, se han realizado con un presupuesto de 6.544.047,07 € las obras de estabilización del frente litoral de La Llosa y Almenara. Antes de que finalice marzo, esperamos que finalicen las obras del tramo de costa de Les Marines de Nules con un presupuesto de 4.072.745,04 euros. Durante este año está previsto que el proyecto del tramo entre el río Belcaire y el Estañol de Moncofa (8.380.562,69 euros), el tramo de costa del sur de Chilches (3.836.761,61 euros) y el de la playa al sur de Burriana (5.666.891,05 euros) superen la tramitación ambiental, último paso previo a licitar las obras. También están en información pública los proyectos constructivos de estabilización de las playas adyacentes a la desembocadura del río Anna en Burriana y el de la estabilización de la playa de la Torre en Almassora.

«La ley que planea la Generalitat para el litoral excede sus competencias y el PP lo sabe»

La reivindicación de la Generalitat valenciana de asumir competencias en Costas, en temas como la autorización de chiringuitos de playa. ¿La apoya?

 No me gusta la política del enredo. La Generalitat tiene unas competencias sobre el litoral y la ley que está planteando las excede. El PP lo sabe y está utilizando esta ley para confundir a la ciudadanía. Quiero recordar que el Gobierno ya llevó a los tribunales una ley similar en Galicia, al considerar que invade competencias estatales, que atribuye a la comunidad competencias no previstas en su Estatuto de Autonomía, que altera y quebranta el dominio público marítimo terrestre del Estado y reduce la protección del litoral. Esta ley que quiere impulsar el PP me recuerda al urbanismo salvaje que caracterizaron sus años de gobierno y que tanto daño ha hecho a nuestro litoral, y por el que Europa nos reprendió. Durante aquellos años llenaron nuestra costa de hormigón y alimentaron un boom urbanístico con unas consecuencias muy perjudiciales para nuestra costa y para nuestra economía. Desde el Gobierno de España siempre vamos a defender políticas que apuesten por luchar contra el cambio climático, preservar el territorio y los enclaves paisajísticos. Por último quiero apuntar que las demarcaciones de Costas son especialmente cautelosas con la autorización de los chiringuitos, para lograr el equilibrio entre los usuarios de la playa que requieren esos servicios, con el cuidado del espacio público marítimo terrestre y el descanso vecinal. Y todo convive en perfecta armonía, no hay ningún problema. El año pasado se autorizaron 53 chiringuitos, nunca antes se habían autorizado tantos.

Con respecto a Tráfico, las autoescuelas reivindican elevar la plantilla de examinadores hasta 12 fijos. Aunque se ha propuesto realizar 800 exámenes más en tres meses, lo ven insuficiente para desatascar el tapón. ¿Va a reivindicar a Madrid este alza ?

Lo primero que voy a hacer sobre esta cuestión es reunirme con la Directora Provincial de la DGT, Mercedes Peris y con los representantes de las autoescuelas e intentar ver qué se puede hacer con los recursos que tenemos actualmente. Por otro lado, ver la posibilidad, a corto plazo, si se puede incorporar algún examinador más. En la propia pregunta, explicáis el esfuerzo de la DGT en realizar en los próximos tres meses 800 exámenes más de lo que se realizaban. Puede que sea insuficiente, vamos a ver cómo evoluciona. Si vemos que la única forma de paliar el tapón es reivindicar que se eleve la plantilla de examinadores, desde luego reivindicaremos en Madrid lo que creamos que es justo para nuestra provincia. 

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Los colegios profesionales también han reivindicado mejorar la atención en el servicio de extranjería y mejorar la cita previa. 

Los diferentes procedimientos que se realizan con respecto a extranjería están repartidos en dos oficinas dependiendo de los trámites que se realicen. En la oficina situada en la Plaza de la Paz se ha puesto en marcha un plan de choque con el objetivo de reducir el número de expedientes pendientes a resolver. La previsión es que en los próximos tres meses se resuelvan 576 expedientes administrativos más de lo habitual. Por otro lado, está la oficina de la Calle Teodoro Izquierdo, donde la Comisaría Provincial de la Policía Nacional ha incrementado el número de trámites ofertados a los ciudadanos extranjeros, con un refuerzo de funcionarios asignados a la oficina. Con esta medida, este mes de enero se prevé que finalice con un incremento del número de citas que se cuantifica en un 55 %. Con estas medidas esperamos alcanzar un número aproximado de 180 ciudadanos extranjeros atendidos diariamente.

«Si vemos necesario que haya más examinadores en Tráfico, ante Madrid lo reivindicaremos»

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Policía Nacional y la Guardia Civil están infradotadas en la provincia con plantillas envejecidas y los sindicatos señalando que la dotación es inferior a lo recomendado por el Ministerio, una situación que se prolonga con los años, ¿qué soluciones estudiará?

 Primero que todo, hay que analizar bien la situación. Mi primera reunión de trabajo, solo fui nombrada, fue justamente con el comisario provincial de la Policía Nacional, Emilio Romero, con el coronel jefe de la Guardia Civil, Ángel Gil, y con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Me preocupa la seguridad de la provincia. Recuerdo que en España hace apenas cinco años había una ley puesta en marcha por el gobierno de Rajoy y que el de Pedro Sánchez derogó, en la que estaba prohibido reponer las plazas de los funcionarios jubilados. A esto le sumamos la escasa oferta de plazas para ingresar en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, que realizó el PP y provocó un déficit importante en las plantillas de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado. Durante esta legislatura se ha recuperado plantilla sacando plazas, ya que es la única forma de revertir la situación. La relación de puestos de trabajo (RPT) de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia está en mejores porcentajes en cuanto a las recomendaciones del Ministerio de Interior de lo que estaban antes de gobernar Pedro Sánchez. Somos sabedores de que hay que seguir trabajando para estar en las condiciones más óptimas, por eso el Gobierno aprobó la oferta pública de empleo de 5.128 nuevas plazas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto 2.608 para la Policía Nacional y otras 2.520 para la Guardia Civil. Ese es el camino.

 Los casos de violencia de género por desgracia se han duplicado en el último año en Castellón. ¿En qué está fallando un sistema que trata de concienciar en centros educativos y proteger policialmente a las víctimas?

Es verdad que las denuncias y los casos de violencia de género registrados en el sistema Viogen no han parado de crecer en nuestra provincia desde 2020, pero ello no significa que la violencia de género haya crecido, sino que las mujeres que la sufren se atreven en mayor medida a presentar la denuncia contra sus maltratadores. Hay estudios que señalan que solo se denuncia alrededor del 30% de los casos de violencia de género y que por ello el 70% de esta violencia permanece aún oculta y no se conoce. Es importante señalar que en nuestra provincia han aumentado significativamente los recursos para atender a estas víctimas durante estos últimos cuatro años, lo cual se ha traducido en una mejor atención, que facilita el que las mujeres puedan presentar sus denuncias al sentirse más protegidas y seguras. Con la aprobación de la Ley integral y el Pacto de Estado contra la violencia de género, todas las administraciones públicas han desarrollado una ingente batería de medidas y recursos para luchar contra esta violencia que están dando sus frutos y que han salvado a muchas mujeres ayudándoles a reconstruir sus vidas lejos de la violencia. Pero todo este avance en la lucha contra la violencia de género puede verse truncado por el discurso negacionista que se está extendiendo y fomentando por parte de algunos responsables políticos. Contra este negacionismo vamos a seguir luchando abogando siempre por la coordinación y la cooperación de todas las administraciones para acabar con esta violencia que pone en peligro la vida y la seguridad de las mujeres.

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