El impago del alquiler ya es el principal motivo de desahucio en Castellón

Queda atrás el tiempo en el que los desahucios por el impago del alquiler eran casi una anécdota y la inmensa mayoría se producía, en Castellón y en el resto del país, como consecuencia de no abonar las cuotas de las hipotecas, el medio más común hasta hace poco más de dos años para adquirir una vivienda. 

Por un lado, las compras al contado de la casa han crecido al calor del incremento casi desbocado de los tipos de interés bancarios --hasta dos de cada tres se compran en la provincia a tocateja como informó Mediterráneo, muchas como inversión--, en un contexto de caída de las adquisiciones en general por las dificultades crecientes para acceder a la financiación bancaria o bien por no contar con los ahorros suficientes.

Por otra parte, el indudable auge del mercado del alquiler, para el que la demanda supera con mucho a la oferta disponible ha llevado que los precios se disparen incluso en Castellón, un territorio que esquiva en principio el agudo problema que se sufre en ciudades y poblaciones con turismo masivo, como puede ser la cercana València o Barcelona.

Los datos dicen, como ha informado este diario, que a diferencia de la senda de contención que sigue por ahora la inflación, los alquileres continúan su escalada incesante en la provincia con un incremento más de dos veces más elevado que el 3,3% del IPC, con un encarecimiento del 7,3%.

Arrendar es muy caro

El resultado es que arrendar un piso de entre 76 y 90 metros cuadrados, los de dimensiones más frecuentes, uno de cada cuatro hogares ocupa una vivienda de este tipo, cuesta en torno a los 600 euros al mes. Es decir que, con los precios vigentes en estos momentos, alquilar un inmueble de 80 metros cuadrados supone un desembolso medio para el bolsillo de un castellonense de 584 euros mensuales para cubrir la renta. 

Si se suma a la ecuación otros elementos como sueldos medios brutos de 24.255 euros al año, el pago del arrendamiento consume en un caso promedio más de un tercio de los ingresos, ya que en 12 meses supone ya más de 7.000 euros. Si descendemos a los salarios más bajos, que apenas cumplen el mínimo legal, el SMI --15.876 euros para el conjunto de este 2024-- alquilar una vivienda media implica pagar casi la mitad del dinero que gana una persona.

Esto da una idea de las dificultades para acceder a una vivienda para las rentas más bajas.

Entre las consecuencias, dada una situación de alto índice de viviendas vacías, se hallan los crecientes casos de okupación que terminan en lanzamientos.

Los datos

La última radiografía hecha pública sobre las actuaciones judiciales para expulsar de las viviendas a los habitantes que no cumplen con sus obligaciones de pago a los arrendatarios hace referencia a los nueve primeros meses de 2023. Según las cifras del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre enero y septiembre del último año hubo 301 desahucios (el 39% menos que los 491 del mismo tramo temporal de 2022), de los que 221, el 73,4%, fueron por el incumplimiento de la Ley Urbana de Arrendamientos, es decir, por no pagar el alquiler.

Esta proporción de siete de cada diez supera en 20 puntos porcentuales la vigente solo un año antes, cuando no abonar el arrendamiento causó 268 lanzamientos, el 54,4% de la cifra global.

En cualquier caso, factores como los mencionados de sueldos bajos, hipotecas caras, precios de las viviendas y de los alquileres desbocadas hacen que todavía se produzca más de un desahucio cada día en la provincia a pesar del efecto caída por las normas que frenan la expulsión de las personas sin recursos.