El retraso en Extranjería de Castellón llega al Defensor del Pueblo

Los problemas con el servicio de Extranjería en Castellón han llegado al Defensor del Pueblo, que confirma que ha recibido quejas al respecto y que las está investigando. Como publicó Mediterráneo, personas afectadas denunciaban que, a pesar del plan de choque, seguía siendo misión imposible conseguir cita telemática para poder renovar sus documentos.

El problema no es nuevo, ya que en su memoria del 2022 esta institución ya advirtió al Gobierno de que seguía habiendo quejas de las graves consecuencias que esta situación tiene para la vida diaria de cientos de miles de personas extranjeras residentes, que van desde la pérdida del empleo y el bloqueo de cuentas bancarias, hasta la imposibilidad de acceso a prestaciones sociales o ayudas públicas a las que tienen derecho.

Abogados

Mientras, desde el colegio de abogados de Castellón ponen el foco en la imposibilidad de los ciudadanos extranjeros desde hace más de 1 año en el acceso de citas previas para la realización de sus trámites por el cauce legal establecido para ello, tal y como se viene denunciando en reiteradas ocasiones.

No cobran por citas

Desde el colegio de abogados aclaran que los letrados no cobran por una obtención de la cita, como parecía dar a entender un ciudadano extranjero, que señaló que la única solución que tenía era pagar un despacho de abogados para que le busquen cita y eso cuesta 150 €. «Los profesionales cobramos por asistir y asesorar a los ciudadanos extranjeros en la gestión de todo el proceso de regularización o renovación de sus autorizaciones de residencia, procesos que desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 se han convertido en una quimera para muchos», señalaron.

 «En muchos casos son gestiones complejas que hay que analizar con detalle y esto genera unos honorarios por la dedicación del profesional y es posible que en ocasiones algún cliente lo reduzca a que le cobran por obtener una cita, pero esto no es así, ya que siempre se detalla mediante la hoja de encargo profesional, en la que se determina el presupuesto y lo que va a pagar para cada actuación concreta, tal y como establece el código deontológico», indicaron las mismas fuentes.

Aconsejable acudir a un abogado

Aunque no es preceptiva la contratación de un abogado, la complejidad, la dificultad para acceder a los procedimientos administrativos mediante medios telemáticos y, sobre todo la inaccesibilidad de la ciudadanía a la Administración, conllevando la famosa brecha digital, «hace aconsejable y en muchas ocasiones imprescindible acudir al asesoramiento por un profesional, al que hay que abonar unos honorarios por su dedicación y trabajo», señalaron. «El extranjero tiene la libertad y el derecho de acudir a un letrado para realizar la gestión que considere en defensa de sus intereses y para que no se vean menoscabados sus derechos», recordaron.

Todo ello puesto en relieve por los servicios de atención dispuestos por la Administración que cada vez son más escasos, con oficinas carentes de medios personales suficientes y en ocasiones tratando de evitar que el ciudadano acuda presencialmente allí, por cuanto el sistema de citas es inviable. 

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