El año electoral aumenta un 30% la deuda de los municipios de Castellón con proveedores

Los años electorales alteran el rumbo de la administración municipal y el funcionamiento de su hacienda. La mayor inversión y las diferentes actuaciones que suelen impulsar los distintos equipos de gobierno, desde mejoras de las calles hasta la incorporación de nuevos servicios para la ciudadanía, queda plasmada directamente en la situación de las arcas públicas.

Así lo reflejan los últimos datos disponibles publicados por la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de Hacienda, los cuales apuntan que al cierre del pasado 2023, año de comicios municipales, los diferentes ayuntamientos de la provincia de Castellón que han comunicado sus datos, un total de 121, acumulaban una deuda con proveedores de 27.959.588 euros.

Esta cuantía comprende básicamente los conceptos que el consistorio tiene la obligación de pagar a corto plazo después de una compañía le haya prestado un servicio, realizado una obra o entregado un suministro. El indicador difiere de la llamada deuda viva, que recoge préstamos u otro tipo de endeudamiento a más largo plazo y que, como publicó en su día este diario, se ha recortado hasta en 64% en la última década. Al contrario, los abonos pendientes de pago a proveedores se dispararon en el último ejercicio un 32%, al crecer hasta en 6,8 millones. Al cierre del 2022, la deuda con mercantiles era menor, con un valor de 21.136.230 euros.

Las diferencias

El reparto de los 27,9 millones de euros en el cajón contrasta notablemente entre los ayuntamientos. Castelló, tratándose precisamente de la población con más residentes, se sitúa al frente en cuantía, con 6,5 millones. Burriana adeuda 3,1 millones de euros y Vila-real 1,8 millones. Le sigue Peñíscola (1,2 millones) y Morella (1,1 millones), muy por encima ambas en la clasificación de su peso poblacional. Cabe destacar asimismo la situación de una quincena de localidades de la provincia que despidieron el año pasado habiendo cumplido al 100% sus obligaciones y no debiendo ni un euro a sus proveedores. El listado del Ministerio de Hacienda sitúa aquí a la Pobla Tornesa, Rossell, la Serra d’en Galceran, les Useres, Vallibona, Villores, Zorita, Barracas, Castell de Cabres, Castellfort, Cervera, la Jana, Herbers, Olocau del Rey y Palanques.

Otro de los indicadores a tener en cuenta al tratarse de una deuda a corto plazo es el periodo medio que se consume hasta que se transfiere este dinero a las cuentas de las empresas. El tiempo medio que requieren los ayuntamientos de Castellón es de apenas 11,2 días, por lo que se puede decir que en general la provincia es buena pagadora, ya que la media nacional de las entidades locales asciende hasta los 27,6 días.

No obstante, vuelven a aparecer diferencias sustanciales entre una administración y otra, siendo esta vez las localidades más pequeñas las que predominan entre las que más tardan, precisamente por su menor músculo administrativo. Albocàsser aparece como la población que más retraso acumula, con 116,8 días. El segundo escalón lo ocupa Almenara, con 75,39 días. Y completa el podio Morella, con 59,39 jornadas. 

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