Solo un agente medioambiental vigilaba las quemas de tres comarcas el día del incendio forestal de Fanzara

Los agentes medioambientales son quienes se encargan de controlar y vigilar las quemas. Dependientes de la Generalitat valenciana, en concreto de la Conselleria de Medio Ambiente, cuentan entre sus obligaciones con numerosas atribuciones entre las que está velar por el cumplimiento de la normativa que regula las quemas agrícolas para evitar, entre otras razones, que se produzcan incendios. El domingo, cuando se declaró el de Fanzara como consecuencia de que una de esas quemas se descontroló, solo había uno de esos agentes para cubrir el territorio de tres comarcas. Así lo denuncian el sindicato CGT y la Associació Agents Mediambientals.

Las agrupaciones profesionales explican que a estos agentes se les exige cubrir un amplio espectro de servicios (las mencionadas quemas, servicios de fauna, control de acampadas, de la caza y la pesca, vertidos, por citar algunos ejemplos), pero «no hay personal suficiente para abarcarlos todos y los medios son pocos y están obsoletos».

Controlado el incendio de Fanzara declarado el pasado domingo

Solo en la demarcación sur de Castellón --que se corresponde con las comarcas de Alt Palància, Alt Millars y Plana Baixa, un tercio del territorio provincial-- un 25% de los servicios que tienen asignados no se pueden cubrir por esa falta de personal. 

La Associació Agents Mediambientals y el sindicado CGT advierten que en todo ese territorio, el pasado domingo, cuando se declaró el incendio forestal en Fanzara, «había solo un agente por la mañana y otro por la tarde», cuando por planificación debería haber habido dos, «que también serían pocos para todo los municipos y los servicios que hay que atender», remarcan.

Como se ha comunicado en diversas ocasiones a la Conselleria de Medio Ambiente, si ya de por sí esos dos agentes son insuficientes en condiciones normales --se amplían a tres en época estival--, en un contexto como el actual, en el que el riesgo de incendios forestales graves ya no puede focalizarse únicamente en los meses de más calor, el hecho de que la política habitual sea la de «no cubrir vacantes por bajas o jubilaciones», deja la plantilla «en una situación de pura ruina», lamentan.

De los 24 agentes de la demarcación sur, solo están operativos 18, hay cinco vacantes y una baja no cubierta, y en la demarcación norte, de 24 solo hay 16, con seis vacantes y dos bajas

Ejemplifican la gravedad de la situación en lo sucedido en Fanzara, consecuencia de que de los 24 agentes de la demarcación, solo están operativos 18, «hay cinco vacantes y una baja no cubierta». No es el territorio con peor panorama. Desde CGT explican que en la demarcación norte, de 24 agentes adscritos, «solo trabajan 16, porque hay seis vacantes y dos bajas que están por cubrir».

En términos generales, la actual plantilla consta de «236 agentes, sin contar las bajas, de los 264 que harían falta para atender todos los turnos de trabajo mínimos, o sea, hay 28 vacantes». 

Los 264 agentes que harían falta para cubrir los servicios mínimos «es un número muy bajo teniendo en cuenta nuestra superficie forestal y los efectivos de otras comunidades autónomas»

Lo más urgente sería atender ese déficit, exigen desde ambas agrupaciones profesionales, aunque insisten en que esos 264 agentes «es un número muy bajo teniendo en cuenta nuestra superficie forestal y el número de efectivos de otras comunidades autónomas». La Generalitat ya abordó el asunto, fue en septiembre del 2017, entonces se aprobó «por unanimidad» cubrir las 23 vacantes existentes en ese momento y crear 82 plazas, entre otras mejoras prometidas.

Casi siete años después, «no solo no se han creado esas plazas, sino que se han suprimido tres y las vacantes han subido a 26», critican. A lo que se suma la falta de medios, en materia de EPI’s, formación y vehículos. Este último caso, el de la flota de vehículos, es especialmente llamativa, porque en más de una ocasión los agentes se han quedado tirados y han necesitado asistencia. La mayoría de los coches que utilizan, indican, tiene casi 25 años y «los pocos que se han sustituido no son todoterreno», pese a existir un requerimiento de la Inspección de Trabajo que indica que el colectivo necesita que sean 4x4.