40 testigos declararán en el juicio por el caso de facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno

Cerca de 40 testigos y peritos han sido citados para declarar en el juicio que analizará en la Audiencia Provincial de Castellón la trama corrupta de facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno, que se prolongará durante varias jornadas en la Sección Primera (aunque aún no hay fecha). Funcionarios del organismo investigado, la exdelegada de Hacienda en Castellón, responsables de talleres de coches, ferreterías o empresas de suministros, así como numerosos policías nacionales de Castellón, que llevaron a cabo la investigación, comparecerán ante el tribunal que busca dirimir si hubo delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial y mercantil.

La acusación del fiscal

La Fiscalía pide penas de seis y siete años de cárcel para los dos funcionarios de la institución (un habilitado de gastos suspendido de empleo y sueldo y otro, jubilado). Los mismos son Vicente G.M. y Jaime A.M.. Asimismo, el Ministerio Público solicita penas de entre dos años y medio y cuatro para cinco pequeños empresarios por la denominada trama de pitufeo destapada por la Policía Nacional a principios del año 2018.

Los hechos adelantados en su día por Mediterráneo causaron a la Subdelegación un perjuicio superior a 250.000 euros, según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.

¿Qué dice el fiscal?

Para el fiscal, los dos funcionarios actuaron de común acuerdo y cargaron a cuenta de la institución años de reparaciones de coches particulares y pidieron a varias empresas que expidieran facturas «completamente falsas» e, incluso, de «empresas inexistentes», «creando entre los años 2007 y 2017 una trama para lograr el desvío hacia su propio patrimonio de fondos públicos».

Vicente G.M. admitió durante la instrucción del caso que gastó 50.000 euros en reparar sus coches particulares, haciéndolos pasar como vehículos oficiales. Según concluyó la investigación policial, solicitaba a los propietarios de los talleres que expidieran facturas de reparación a la matrícula de alguno de los coches que componían la flota de la institución, en lugar de proporcionar la numeración real de los vehículos que llevaba.

La Fiscalía pide hasta 7 años de cárcel por la trama corrupta de la Subdelegación del Gobierno

Una PlayStation y portátiles

Las facturas investigadas muestran, a ojos de los investigadores, el suministro de objetos que nada tienen que ver con la actividad de la institución. Entre ellos figuran una PlayStation 3, tres ordenadores portátiles, dos cámaras fotográficas de alta gama, dos tablets y recargas de móviles. 

Pagan antes del juicio

Uno de los funcionarios de la Subdelegación que serán procesados próximamente en la Audiencia ha ingresado 27.608 euros antes de que comience el juicio y uno de los empresarios, casi 80.000, con la intención de reparar parte del daño y poder beneficiarse, así, de la rebaja de pena que puede suponer este hecho como circunstancia atenuante.

El juez exoneró a Lorenzo y Barelles

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Castellón dictó hace un año dos autos de sobreseimiento provisional de las investigaciones contra dos exsubdelegados del Gobierno en la provincia, Antonio Lorenzo y David Barelles, por una trama de falsificación de facturas detectada en la institución. Ambos se habían desvinculado de la trama en sus declaraciones en sede judicial.

Antonio Lorenzo y David Barelles, exonerados en el 'caso Subdelegación'

«Muchas magulladuras emocionales y profesionales, muchas. La pérdida de reputación», escribió Lorenzo tras conocer la decisión. «Mi honorabilidad y buen hacer siempre han estado presentes en todas mis actuaciones como servidor público», dijo Barelles.

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