La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, reclamó en la mañana de ayer al Gobierno central que “se ponga a trabajar ya” para que, cuando la autopista de peaje AP-7 sea liberalizada en el 2019, disponga de nuevos ramales de conexión con municipios a su paso.

Salvador realizó estas declaraciones a la conclusión del acto de toma de posesión del cargo del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez. La titular de la cartera aseguró que es decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, dentro de cuatro años --que es cuando acaba la concesión firmada de esta autopista-- se proceda a su liberalización. “Esta carretera ha de ser pública, de libre tránsito, porque eso contribuye a mejorar la conectividad”, manifestó.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de los últimos años, los socialistas valencianos han reivindicado en numerosas ocasiones el fin de este peaje, que consideran excesivo y que discrimina a los valencianos con respecto a los ciudadanos del resto del país.

Desde el departamento de la consellera Salvador van a seguir la gestión que el Gobierno central lleva a cabo en estos años que restan antes del 2019.

Con respecto a este asunto, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues --presente también en el acto con Salvador--, recordó que el Ejecutivo de Rajoy ya ha manifestado su “voluntad de no renovar esta concesión y transformar la AP-7 en la A-7”. El exconseller del Partido Popular apuntó que dentro de la red de carreteras valencianas solo el 20% depende del Estado, “pero son las autovías que más tráfico tienen, cerca de 70.000 vehículos diarios”.

MANTENIMIENTO DE VIALES // Moragues añadió durante su encuentro con la prensa que el ministerio está realizando desde hace tiempo un “esfuerzo inversor” notable. El delegado gubernamental apuntó que el año pasado destinó 40 millones de euros a la conservación y mantenimiento de estas carreteras y que el año próximo prevé incrementar esta partida hasta los 72 millones. H