Ximo Puig se reunió ayer en el Centro de Turismo (CdT) del Grao de Castellón con decenas de alcaldes de menos de 3.000 habitantes para informarles del aumento de ayudas de la Generalitat a los municipios para cubrir gastos corrientes. En la provincia “se van a destinar 1,5 millones, frente a los 300.000 euros del ejercicio anterior”, una cantidad que a nivel de Comunitat también se ha quintuplicado (4,75 millones).

El jefe del Consell detalló que entre los conceptos que los ayuntamientos podrán justificar para optar a estas ayudas se encuentran arrendamientos de terreno, edificios, maquinaria y material; reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras; material no inventariable de oficinas; suministros de luz, agua, gas y combustible o comunicaciones telefónicas.

Puig rivaliza así con la Diputación de Javier Moliner, quien sitúa a la institución que preside como la única interlocutora válida en la resolución de los problemas y demandas de los municipios del interior, y con la que mantiene varias pugnas políticas, e incluso judiciales, por las competencias.

“La Diputación se tiene que dedicar a ayudar a los ayuntamientos, nosotros también, y por eso presentamos este plan de ayudas, sin arbitrariedad, discriminación ni partidismo. Eso es lo que deben hacer todas las instituciones, también la Diputación”, declaró.

“Dos no riñen si uno no quiere... y yo no quiero reñir. Lo que no puede ser es que, de 5 €, solo uno [de los presupuestos] se dedique a los ayuntamientos, cuando se debe al ámbito municipal”, afirmaba a preguntas de los periodistas sobre los constantes choques entre Generalitat y Diputación, añadiendo más leña a los conflictos que en las últimas semanas se han ido acumulando a cuenta del papel que tienen ambas instituciones en asuntos como el pago de los libros de texto, los planes de apoyo al empleo, la sanidad, los planes antimosquitos, el deporte o el turismo.

“Yo respeto las instituciones. Lo único que pido es que cada uno se ocupe de aquello que la Constitución dice”, incidía Puig.

Y fue más allá en sus palabras y dejó entrever que la gestión política del Consell podría abrir próximamente nuevos conflictos. “No se tiene que ver como una actitud hostil, sino colaborativa y de desarrollo de la ley... en cultura o en otras cosas que se puedan hacer en el futuro, buscar fórmulas de coordinación a través de lo que dice la ley”, detalló. H