El Gobierno concede al Ayuntamiento de Castelló una moratoria de un año para implantar la Zona de Bajas Emisiones

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido al Ayuntamiento de Castelló una moratoria para atrasar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que deberá estar finalizada en diciembre de 2025.

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha señalado, a través de un comunicado del consistorio, que un año más de margen "permitirá llevar a cabo el proyecto que se ha reorientado con la participación ciudadana, para evitar el cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados de casco urbano, como constaba en el proyecto inicial".

Avance sostenible

"No queremos que el centro se vuelva a llenar de coches, serán medidores de la calidad del aire lo que nos indique que calles concretas cerrar de manera temporal hasta recuperar los niveles óptimos de calidad del aire. Estos dispositivos, junto al trabajo de los Agentes de Movilidad Urbana, nos ayudarán a avanzar en materia de sostenibilidad y accesibilidad", ha apuntado.

Por otra parte, ha destacado que el consistorio ha pedido una ampliación de los plazos, "debido a las diferentes causas sobrevenidas, como la complejidad y gran envergadura de los expedientes de contratación, además de cambios en la normativa y unas elecciones municipales que promovieron la constitución de un nuevo gobierno municipal".

"No queríamos perder -ha añadido- los ocho millones de financiación europea de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por ello, había que asegurar el cumplimiento de la ejecución de un proyecto que se ha reorientado".

De esta manera, ha subrayado que es "una obra que va a permitir cumplir con las exigencias de Europa y mejorará la accesibilidad porque salvará más de 200 plazas de aparcamiento en las calles sobre las que se va a actuar, además de contar con más árboles y zonas verdes".

"Al consistorio le preocupaba mucho el tejido comercial del centro porque muchos comerciantes y hosteleros habían manifestado su preocupación por un proyecto que iba a suponer la ruina para muchos negocios y, por tanto, para muchas familias", ha subrayado.

Carrasco ha aseverado que después de reorientar el proyecto, "se ha conseguido adaptar a la idiosincrasia de la ciudad y ahora se cumple con la normativa europea, al tiempo que se consigue que el impacto hacia el sector comercial sea el menor posible".

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De esta manera, "se seguirá posibilitando el acceso a los usuarios con medidas para el calmado del tráfico y poniendo a disposición de los ciudadanos parkings disuasorios y autobuses lanzadera para facilitar el acceso al centro", ha concluido.