Las partes implicadas del caso Martínez volvieron este viernes a comparecer en la Audiencia Provincial para trasladar al juez Jacobo Pin, actual titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, sus posturas en torno a la causa que investiga la vinculación del exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, con la compraventa de fincas en la localidad entre los años 2005 y 2014, en la que supuestamente se aprovechó de su condición como primer edil para sacar un beneficio económico, en colaboración de su hija, Andrea Martínez, y su socio, Raúl Babiloni.
Unos hechos que tanto la Fiscalía como la acusación popular ven constitutivos de delito y que ayer reiteraron, por lo que concretaron la imputación contra el exmandatario del PP y solicitaron nuevas pruebas en la causa para seguir adelante con el caso.
En base a esas supuestas acciones irregulares que atribuyen a Martínez, tanto una como otra parte ya pidieron cárcel para el que fue mano derecha de Carlos Fabra en la corporación. En concreto, el ministerio público reclamaba 11 años de prisión, 21 de inhabilitación y una multa de un millón de euros por, presuntamente, sacar partido a información privilegiada para lucrarse mediante la compra de solares, mientras que la acusación popular, que representa al PSOE, elevaba la pena hasta los 16 años y sanciones que superaban el millón.
Petición de penas sin efecto
Unas peticiones que quedaron anuladas después de que la Audiencia Provincial revocara en noviembre del 2019 el auto de la jueza de octubre del 2018, por lo que los escritos de acusación quedaron sin efecto, ya que el caso volvió a iniciar la fase de instrucción. El motivo es que el tribunal pedía una mayor concreción de los hechos y subsanar defectos hallados en la investigación, algo que ayer trataron de aportar el fiscal y la acusación.
En el lado contrario, la defensa de Martínez volvió a pedir al tribunal el sobreseimiento del procedimiento, al considerar una vez más que el exmunícipe de Vall d’Alba no ha cometido ningún delito.
Martínez y su socio asisten presencialmente; su hija, por videoconferencia
Tras la última comparecencia, a la que acudieron presencialmente tanto Martínez como su socio y de forma virtual su hija (por videoconferencia), la pelota está ahora en el tejado del juez, que deberá decidir si mantiene abierta la causa contra los acusados o, en cambio, opta por archivar y dar carpetazo a la investigación.
Un juez que, curiosamente, es el magistrado que también investiga al expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, en un caso paralelo por el que Martínez ya tuvo que ir a declarar a los juzgados de Castelló el pasado 25 de enero en calidad de investigado.
Indicios de delitos
El propio Jacobo Pin considera, como informó este periódico, que en la causa concurren indicios de la comisión por parte de Martínez, su hija y Babiloni de un delito continuado de uso de información privilegiada. Además, el juez asegura que también se aprecian indicios de presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionario, del artículo 439 del Código Penal, tipo delictivo atribuido a la competencia del tribunal del jurado.
Martínez logra esquivar los medios
Pese al importante operativo mediático desplegado desde prácticamente primera hora de la mañana en las inmediaciones de la entrada a la Ciudad de la Justicia, tanto Francisco Martínez como su socio, el empresario Raúl Babiloni, lograron esquivar a los medios de comunicación desplazados a la hora de acceder al interior del recinto judicial. Tal fue su capacidad de entrar a los juzgados sin ser vistos que durante una parte de la mañana imperó el convencimiento de que el exvicepresidente de la Diputación y el exalcalde de Vall d’Alba no había asistido a la nueva comparecencia de este caso.
