El Consell y el Ayuntamiento estudian pedir la paralización del desahucio de la finca de Almassora

El inesperado aviso de desahucio que han recibido los inquilinos de la finca de Almassora ha provocado que las administraciones se pongan manos a la obra para ver cómo pueden ayudar a los vecinos para evitar, en el peor de los casos posibles, que se vean abocados a la calle.

Por ello, la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento no descartan pedir al juzgado que paralice el desalojo de los domicilios implicados en este episodio, destapado por Mediterráneo, que mezcla un posible desahucio --la mayoría de los 20 pisos pertenecen a la Sareb-- y una presunta estafa, ya que muchos residentes denuncian que llevan pagando años el alquiler a alguien que creían que era el propietario, pero que de repente han visto que no lo es.

El primer paso en el que trabajan ambas instituciones es conocer la situación económica de cada uno de los damnificados, ya que «hay mucha casuística diferente», apunta el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, con el objetivo principal de comprobar si hay familias en riesgo de exclusión social. Para ello, anuncia que trabajan «de la mano» de los servicios sociales del consistorio y que también se han puesto ya en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para ver cómo pueden apoyar a los inquilinos.

«Si vemos que hay visos de vulnerabilidad, además de tener en cuenta que se han visto inmersos en una supuesta estafa, claro que nos planteamos el pedir frenar la ejecución del desahucio», comenta el alto cargo autonómico, ya que es una vía que ya han tomado en otras ocasiones, añade.

Y remarca que la posición de la Conselleria es «firme»: que la gente no tenga que irse de su domicilio. «Más allá de darles protección en caso de emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda, nuestra intención es que no tengan que abandonar las casas por las que han estado pagando estos años», subraya Aguilar.

Desde el Ayuntamiento, la edila de Urbanismo, Carmina Martinavarro, detalla que quieren conocer «toda la casuística» que rodea a los inquilinos para, sobre todo, ayudar a las personas en una situación más vulnerable y que, en caso de no haber otra opción, asegurar que «encuentren otra casa para vivir». 

Desde la Sareb, entidad que se hizo de forma oficial con la titularidad de buena parte de los pisos de esta finca de Almassora en septiembre del 2020, apuestan por buscar una solución «entre todos» e insisten en que ofrecerán una «alternativa habitacional» a aquellos inquilinos que más lo necesiten. Por eso, fuentes del conocido como banco malo abogan por conocer «caso por caso la situación de vulnerabilidad» de los vecinos afectados y ponen en valor que mantienen convenios con ayuntamientos y servicios sociales de toda España.