Tras obtener la declaración de impacto ambiental en marzo del año pasado, todo empezaba a ir ya cuesta abajo para que Red Eléctrica Española (REE) pudiera poner en marcha su macroproyecto de la muy alta tensión (MAT) Morella-la Plana, entre la capital de Els Ports y Almassora, pero lo cierto es que la falta de respuesta del Gobierno a la hora de conceder los últimos permisos que necesita para empezar las obras obliga a la empresa a modificar los planes y plazos que tenía previstos inicialmente.
La intención de la compañía siempre ha sido la de comenzar los trabajos sobre el terreno a lo largo del primer trimestre de este año (antes de abril) para que la línea esté ya operativa en el 2024. Sin embargo, al ver que es febrero y que siguen a la espera de los movimientos del Ejecutivo central, desde REE asumen que no podrán cumplir con el objetivo que tenían marcado y deberán retrasar el inicio de las obras.
Sin novedades
No en vano, desde que consiguieran el informe favorable del impacto ambiental (una fase, la más decisiva, que se alargó años y años debido a las numerosísimas modificaciones que hubo que realizar en el proyecto en base a las alegaciones), el Ministerio para la Transición Ecológica no ha movido ficha y no se ha pronunciado sobre los últimos trámites que requiere la empresa.
Los permisos que le hacen falta a REE para que la instalación de las 189 torres eléctricas a lo largo de 86,7 kilómetros sea una realidad continúan siendo la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública. Son tres permisos que debe emitir la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio, y cuya consecución, lógicamente, resulta imprescindible para dar el último paso en el polémico proyecto y comenzar las obras.
Dada la falta de respuesta por parte del Gobierno, fuentes de Red Eléctrica aseguran a este periódico que, aunque la compañía está preparada para afrontar la construcción de los gigantes de hierro a lo largo de los 16 términos municipales sobre los que se extenderán, no pueden aventurarse a marcar nuevos plazos en el calendario, ya que el Ejecutivo es el que tiene la última palabra. «No podemos poner fechas porque los tiempos los marca la Administración», apuntan desde REE.
Una multitudinaria caravana de coches contra el proyecto
La última gran acción reivindicativa que han realizado los detractores de este macropoyecto que atravesará la provincia fue la multitudinaria caravana de coches (más de un centenar de vehículos y de mil personas) que pasó el pasado 8 de enero por las principales localidades afectadas por la MAT (Atzeneta, Vilafamés, Moró y Borriol) hasta desembocar, como clímax final, en la plaza María Agustina de Castelló, en la que mostraron su ‘no’ rotundo al plan de Red Eléctrica.
Aunque los ayuntamientos damnificados y la Plataforma No a la MAT son conscientes de que a estas alturas es tremendamente complicado que, una vez tiene la declaración de impacto ambiental, la ‘autopista eléctrica’ no acabe materializándose, no pierden la fe y confían en la voluntad política del Gobierno. Partidarios y detractores coinciden en que todo está en manos del Gobierno, ya que es el que debe autorizar los últimos tres permisos.
