Caso Supercopa

Rubiales impidió que la Junta de la RFEF recibiera el informe del Comité de Ética que ponía reparos a la Supercopa en Arabia

Desconocían el contrato con la empresa de Piqué, que hubiera constituido un conflicto de interés, y que hubiera dado lugar a "una importante sanción", según un miembro del Comité

Luis Rubiales.

Luis Rubiales. / EP

Cristina Gallardo / Tono Calleja Flórez / Alberto Muñoz

La catedrática de Derecho Internacional Público y exmiembro del Comité de Ética de la Real Federación Española la de Fútbol (RFEF) Araceli Mangas compareció como testigo ante la jueza del caso Supercopa el pasado 23 de febrero, y allí desveló que el expresidente Luis Rubiales y el ex secretario general del ente federativo Andreu Camps impidieron que la Junta Directiva pudiera analizar a finales de 2019 el informe en el que este órgano ponía reparos a la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí.

El informe, en todo caso, se hizo sin que los miembros del comité conocieran el contrato que Rubiales impulsó entre la propia Federación y la empresa Kosmos Global Holding S.L., propiedad del exfutbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué para la celebración de esta competición fuera de España, cuya posible irregularidad centra la investigación de la jueza de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo. El texto, sin embargo, sí ponía reparos por el hecho de afectar a los aficionados y, sobre todo, por el traslado de la Supercopa a un país en el que se violan de forma sistemática los derechos humanos.

A lo largo de su declaración sobre este asunto, que obra en el sumario del caso al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial, Mangas puntualiza que desde septiembre de ese año los informes del Comité debían dirigirse a un correo del departamento de Integridad, para que a través de la Vicepresidencia llegaran a Rubiales. Más tarde supieron que "el presidente no permitió que el informe fuera conocido por la Junta Directiva, y se le dijo al señor Camps que eso no iba a la junta directiva".

La jurista reconoce además que, a la luz del Código ético vigente en el momento en el que el Comité estudió este asunto, la existencia del citado contrato "hubiera sido enjuiciable en ese momento y llegaría a una importante sanción, porque está claro que hay un clarísimo conflicto de intereses". A juicio de Mangas, "una competición no puede ser fraudulenta", y según el acuerdo "había que cuidar claramente los resultados parciales de las competiciones".

Sobre el informe que efectivamente realizaron los expertos en ética, Manga considera que "tampoco era contundente" ni en él se decía que la competición no se hiciera en Arabia, porque el Comité carece de facultad para ello. Se recomendaba que, en el caso de sacar la Supercopa hacia Arabia lo que era algo totalmente voluntario, "al menos se tuviera algo de diplomacia deportiva para conseguir resultados buenos para el deporte y la sociedad en Arabia Saudí (...) un país que viola sistemáticamente los derechos humanos".

Informe tras conocerlo en prensa

Con este testimonio coincide otro de los miembros del Comité, el catedrático de Filosofía del Derecho y conocido experto en Derecho Deportivo José Luis Pérez Triviño, que en la misma fecha, e igualmente en su declaración como testigo en el juzgado de Majadahonda (madrid) aclaró que el informe sobre el traslado a Arabia Saudí de la Supercopa se hizo después de que este organismo conociera los planes de la dirección a través de la prensa.

"No sabíamos nada de un contrato ni de quien participaba, pero teníamos competencia para elaborar informes", señaló a preguntas de la magistrada, para añadir que no recordaba en ese momento si el Código Ético vigente establecía entonces que, de existir contrato fuera obligatorio someterlo a análisis por el Comité. 

De hecho, el conocimiento por prensa de los planes de la Junta Directiva de la RFEF fue considerado por el Comité como "una especie de desafío", en palabras de Mangas, y fue el profesor Pérez Triviño el que le dijo que debían hacer algo, por lo que elaboraron un borrador "con rapidez" junto con el también profesor Manuel Villoria Mendieta que aprobaron en reunión telemática y presentaron el 9 de noviembre, sin conocer nada de contrato alguno.

"Todo nuestro trabajo iba a la papelera"

Si lo hubieran conocido, al menos hubieran iniciado un expediente, reconoció Mangas ante la juez, ya que tenían competencia para ello. "Seguramente debieron consultarnos, posiblemente después de lo que se ha venido a saber, pero tenga la seguridad de que cuando conocíamos hechos importantes que considerabmos que entraban en las tipificaciones del código ético, abríamos expedientes, otra cosa es que todo lo que hacía el Comité iba directamente a la papelera", lamentó la catedrática a preguntas de una de las partes.

Este hubiera sido el destino de cualquier advertencia sobre el contrato: "Estoy segura", señaló la integrante del Comité de Ética. De hecho, desde septiembre se quejó de la situación ante la Vicepresidencia, e incluso anunció que iba a dimitir "porque era un trabajo absolutamente inútil el que habíamos hecho para la sede de la Copa del Rey, en los temas de expediente a Tebas, en el caso de Rosell...".