La investidura de Pedro Sánchez

El relato de la ley de amnistía: el difícil equilibrio de defender la Constitución sin criticar el 1-O

La iniciativa, que tiene carácter orgánico y será tramitada por la vía de urgencia, dedica varios párrafos a justificar por qué no choca con la Carta Magna

Pedro Sánchez antes de la firma de acuerdo de investidura con el PNV.,

Pedro Sánchez antes de la firma de acuerdo de investidura con el PNV., / JOSÉ LUIS ROCA

Juan Ruiz Sierra / Iván Gil

Los negociadores del PSOEERC Junts han dedicado casi tanto tiempo a la exposición de motivos de la ley de amnistía como al propio articulado. De ella depende en parte que la norma no sea tumbada por el Tribunal Constitucional (TC)cuando lleguen los recursos. La iniciativa, que tiene carácter orgánico y será tramitada por la vía de urgencia, dedica varios párrafos a justificar por qué no choca con la Carta Magna. La ley fundamental “no prohíbe” la amnistía (a diferencia de los indultos generales) y los magistrados encargados de interpretarla en última instancia ya avalaron esta medida de gracia en 1986, señala la proposición de ley. Pero la exposición de motivos también hace algo más: un relato de cómo se ha llegado hasta aquí, en un difícil equilibrio entre el “ordenamiento jurídico” y los motivos independentistas para convocar dos referéndums de autodeterminación. 

El documento evita cualquier crítica al separatismo catalán. Tampoco juzga a los tribunales, aunque sí cita la sentencia del TC sobre el Estatut como germen de una “tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal”. 

La exposición de motivos de la norma transita una fina línea en aras del acuerdo entre el PSOE y el independentismo

El texto, que permitirá a Pedro Sánchez ser investido presidente del Gobierno este jueves, discurre durante todo el relato por una línea muy fina entre las apelaciones a las leyes y las reivindicaciones del independentismo. Por un lado, subraya que “todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”, lo cual supone en teoría el compromiso de que no se repetirá la vía unilateral de 2017. Los socialistas llegaron a poner este movimiento por parte de Junts como condición para aprobar la amnistía. La ley, sin embargo, no explicita en ningún caso esa renuncia, un paso que el partido de Carles Puigdemontno estaba dispuesto a dar. Tampoco alude a las leyes de desconexión aprobadas en septiembre de ese año. De hecho, justo antes de la apelación al “ordenamiento jurídico”, señala que en España no rige el modelo de “democracia militante, esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento”. 

En una tesis que choca de frente con el discurso tradicional de Junts, el documento defiende las bondades del sistema español. “Hoy, en el año 2023, España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales”, asegura.  

Convivencia en nueve ocasiones

Una de las palabras más repetidas es “convivencia”: aparece nueve veces a lo largo de la exposición de motivos. Ese y no otro es el objetivo que justifica la amnistía, según la propia norma, que a pesar de la insistencia de los posconvergentes no recoge el concepto de ‘lawfare’ o guerra sucia judicial con fines políticos. “Esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal. Muy al contrario, es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro, devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del ‘ius puniendi’ [o derecho a sancionar] por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática”.

En el mismo sentido, y frente a las acusaciones de los partidos de la derecha y gran parte del Poder Judicial, los proponentes concluyen que la ley, en realidad, “refuerza el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro”. 

Con esta “valiente” decisión, continúan, el Parlamento “no solo no invade otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asume la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político”. La ley sería un síntoma de la “solidez del sistema democrático, que demuestra así su capacidad de conciliación a través de un acto soberano de las Cortes Generales”.

De Puigdemont a los policías

Pero la exposición de motivos también hace cálculos más terrenales. Alerta de que sin la amnistía el conflicto territorial en Catalunya corre el riesgo de volver a enquistarse. La “desafección”, argumenta el texto, “podría agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes de aquel proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos que ejercen funciones esenciales en la administración autonómica y local y cuyo procesamiento y eventual condena e inhabilitación produciría un trastorno grave en el funcionamiento de los servicios en la vida diaria de sus vecinos y, en definitiva, en la convivencia social”. 

Porque de la norma, cuando entre en vigor, no solo se beneficiarán Puigdemont, que podrá volver a su casa en Girona, u Oriol Junquerasque dejará de estar inhabilitado. También se aplicará a los agentes procesados en las cargas del 1-O y a los directores de colegio encausados por abrir sus centros para que los ciudadanos catalanes participasen en ese referéndum. 

“Una sociedad que pretende avanzar desde un punto de vista democrático debe tener la capacidad de favorecer y ubicar entre sus prioridades la convivencia, el diálogo, el respeto y el eventual entendimiento entre las diferentes posiciones y reivindicaciones políticas democráticas”, concluye la exposición de motivos.

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